Miércoles 3 de septiembre de 2014
El gobierno provincial, la Red Federal de Sitios de Memoria de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el Museo de la Memoria señalizaron este miércoles un sitio de memoria en la exsede del Batallón de Comunicaciones 121 de Rosario, que funcionó como Centro Clandestino de Detención (CCD) desde mediados de 1976 hasta 1980.El acto tuvo lugar en Lamadrid entre Ayacucho y Leiva, donde se colocó un cartel que señala la existencia de un CCD en este predio militar de zona sur durante la última dictadura cívico militar. Participaron el vicegobernador de la provincia, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Lewis, el secretario y subsecretario de Derechos Humanos, Horacio Coutaz y Ramón Verón, Madres de la Plaza 25 de Mayo, organismos de derechos humanos, expresos políticos y sobrevivientes que estuvieron detenidos allí.
“Este es un sitio de revalorización de la memoria colectiva. No olvidar sigue siendo el mandato que nos dejaron nuestros seres queridos, nuestros compañeros. A través del juicio y de las políticas de Estado para la necesaria reparación histórica, la sociedad y los pueblos, hoy se reincorporan, encontrándonos en estos espacios para compartir un grito atragantado desde hace tanto tiempo”, señaló el subsecretario de Derechos Humanos, Ramón Verón, quien además pasó por ese CCD durante la dictadura.
También Olga Moyano estuvo detenida en el predio y fue oradora en el acto. “Hoy es un día memorable para ciudad. Por este lugar pasamos ciudadanos rosarinos y de todo lo que era el II Cuerpo del Ejército: compañeros de Corrientes, Misiones, Formosa, Chaco, Entre Ríos. Es importante hacer memoria, recordar es volver a pasar por el corazón dice Eduardo Galeano. Por los que no están, por los que no llegaron, por los que fusilaron, les digo: Compañeros desaparecidos presentes, ¡ahora y siempre!”, expresò Moyano, querellante en la causa Guerrieri.
En tanto, el fiscal federal Juan Murray agradeció en nombre del Ministerio Público el acompañamiento de los organismos de derechos humanos y de las víctimas y ratificó el compromiso de trabajo por la Memoria, la Verdad y la Justicia. “Los vamos a seguir acompañando, no vamos a cejar hasta que el último responsable por delitos de lesa humanidad sea investigado, enjuiciado y castigado”, indicó el funcionario judicial.
Finalmente, Judith Said, de la Red Federal de Sitios de Memoria, expresó: “Estas políticas de memoria y de justicia que llevamos hoy adelante, y que tienen que ver con la obstinación de los organismos de derechos humanos, son reparadoras para muchos de nosotros y para la humanidad en su conjunto porque quien quiera intentar una acción de semejante envergadura sabe que puede ser sancionado. Nada podemos construir sino sabemos lo que pasó”.
En representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación estuvieron Judith Said, de la Red Federal de Sitios de Memoria, y la abogada Ana Oberlin. A nivel municipal, el secretario de Gobierno, Fernando Asegurado, y Gabriela Sosa, a cargo de la Oficina de Derechos Humanos, además de fiscales federales, concejales y diputados provinciales, entre otros funcionarios, organizaciones sindicales y vecinos de la zona.
SOBRE EL BATALLÓN 121
En el ex-Batallón de Comunicaciones 121 operaron los llamados Grupos de Tareas, integrados por personal del Ejército y de Seguridad, que secuestraron y torturaron a cientos de hombres y mujeres -algunas de ellas embarazadas- perseguidos por su militancia política, social y/o sindical, en el marco del plan sistemático de terror y exterminio implementado por la dictadura cívico-militar entre 1976 y 1983.
Allí se llevó a un número indeterminado de presas y presos políticos a los cuales luego en el Comando del II Cuerpo -hoy Museo de la Memoria-, se les realizaban los denominados Consejos de Guerra, parodia de juicio militar en los que no había ni jueces, ni abogados defensores, en los que se decidía la suerte de los secuestrados. Luego eran trasladados a las diferentes unidades penales en las que quedaban a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN).
Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos subrayaron la importancia de hacer visible en toda la provincia la función que tuvieron estos lugares en el plan sistemático de terror y exterminio desplegado por la última dictadura cívico-militar, destacando la decisión del Estado democrático de dar a conocer y condenar estos hechos para que nunca más vuelvan a repetirse.
“En esta región del sur santafesino, las denuncias de los sobrevivientes de los centros clandestinos La Calamita, Quinta de Funes, Escuela Magnasco, La Intermedia y Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu, en diversos juicios, permitieron que se condene a prisión perpetua a muchos miembros de la patota de este circuito represivo al que estaban subordinadas la Gendarmería Nacional, las unidades penales y la Policía de Santa Fe”, señalaron desde la Secretaría de Derechos Humanos.
OBJETIVOS DE LOS SITIOS DE MEMORIA
Uno de los objetivos de la señalización es referenciar un sitio de memoria histórica, un lugar de reflexión y transmisión del pasado reciente, así como de promoción de los derechos humanos y los valores democráticos.
Estas acciones se enmarcan en una norma firmada por el gobernador Antonio Bonfatti: el decreto Nº 481 declara Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado a los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio o donde sucedieron hechos emblemáticos del accionar de la represión ilegal desarrollada durante el terrorismo de Estado ejercido en el país hasta el 10 de diciembre de 1983.
En el marco de las políticas que se vienen implementando por la Memoria, la Verdad y la Justicia, en el transcurso de este año el gobierno provincial señalizó el excuartel central de la Guardia Rural Los Pumas, en Santa Felicia, Vera, y la exsede de la Policía Federal Argentina de la ciudad de Santa Fe, edificio ubicado en 1º de Mayo 2064.
