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Lic. Julio del Barco
Lic. Liliana Montenegro de Arévalo
Resumen:
A partir del año 1860 y hasta comienzos del siglo XX, vecinos de Santa Fe, reclaman por perjuicios ocasionados a su patrimonio, por soldados pertenecientes a fuerzas militares locales, nacionales y paraguayas.
Los saqueos se inician en 1815, con las fuerzas revolucionarias al mando de Francisco Antonio Candioti, y concluyen en el año 1893 con los robos y asaltos de los soldados del Batallón N° 11 de Caballería de Línea.
El tema plantea distintos interrogantes por resolver: magnitud del fenómeno, capacidad operativa de la estructura de las fuerzas militares y del ejército nacional para controlar estos hechos y grado de respuesta por parte del estado a estos reclamos.
Summary:
Starting from the year 1860 until the bigining of century XX, neighbors of Santa Fe, claim for damages caused to their patrimony, for soldiers belonging to local, national armies and paraguayans.
The lootings begin in 1815, with the revolutionary forces to Francisco Antonio Candioti's control, and they conclude in the year 1893 with the robberies and assaults of the soldiers' of the Regiment N° 11 of line chivalry.
The topic outlines different queries to solve: magnitude of the phenomenon, operative capacity of the structure of the army to control these facts and answer grade on the part of the state to these birdcalls.
Introducción:
A partir del año 1860 vecinos de la provincia de Santa Fe, reclaman por daños y perjuicios ocasionados a su patrimonio, por la acción de soldados pertenecientes a ejércitos locales y nacionales, durante las guerras civiles. A ello se suma las exacciones del gobierno paraguayo, durante el gobierno del Dr. Francia.
Los saqueos se inician en 1815, con las fuerzas revolucionarias al mando de Francisco Antonio Candioti, se suceden en 1816 con las de Mariano Vera, Manuel Dorrego, Eustaquio Díaz Vélez y vuelven a producirse en 1818 con Juan Ramón Balcarce, con carácter de contribución pecuniaria.
Los reclamos por saqueos efectuados en estancias y establecimientos de campo, por las tropas del general Juan Galo de Lavalle en 1840 y 1842, se inician en 1860 y continúan en la década siguiente.
En las mismas décadas se encuentra la información de testigos para comprobar las tropelías de Juan Pablo López; y los daños que ocasionaron las fuerzas que invadieron la provincia el 29 de julio de 1872 con el objeto de deponer al gobernador Dr. Simón de Iriondo.
Las sumarias informaciones reaparecen en el año 1893, para acreditar los robos y asaltos de los soldados del Batallón N° 11 de Caballería de Línea, fuerza afectada a la represión de la revolución radical del mismo año.
El tema plantea distintos interrogantes por resolver: magnitud del fenómeno, capacidad operativa de la estructura del ejército para controlar estos hechos; y grado de compromiso por parte del estado ante estos reclamos.
La culminación de los perjuicios:
Los perjuicios ocasionados por las tropas de Lavalle, marcan el punto más alto de los daños sufridos por los santafesinos y por esa razón el tema merece un comentario más detallado de estos hechos que quizá configuren el acontecimiento principal – en cuanto a sufrimiento infligido a la población – de las guerras civiles de la primera mitad del siglo XIX.
En abril de 1839, el general Juan Lavalle inicia su campaña para tratar de derrocar a Rosas, proponiéndose invadir la Provincia de Buenos Aires, desde su exilio en la Banda Oriental si bien en un principio debía dirigirse a esa Provincia, atacando directamente a Rosas tal como lo deseaban los exiliados antirrosistas y unitarios promitentes de Montevideo, marchó hacia Entre Ríos, donde en Yeruá – 22 de septiembre de 1839 – venció al gobernador delegado de esa Provincia.
A partir de aquí, el ejército de Lavalle inicia un rumbo errático, un ir y venir, pasando finalmente hacia el sur de Santa Fe, embarcándose en la flota francesa del Río Paraná y desembarcando en San Pedro, donde se ve acosado por las tropas federales de Pacheco y Oribe. Su pedido de ayuda a Montevideo se ve obstaculizado por los sorpresivos éxitos en la política exterior de Rosas, que comienza a lograr acuerdos con las potencias aliadas extra americanas que lo acosaban. Por esa razón, los jefes franceses recibieron órdenes de abstenerse de intervenir en las guerras interiores de la República del Plata. [1]
Lavalle intenta pasar al interior del país, para tratar de unir sus fuerzas con Lamadrid, a la sazón jefe de la antirrosista Liga de la Coalición del Norte. Interesa, empero, el paso de Lavalle por Santa Fe y los “50 días de desorden, borracheras y escándalo” [2], que significaron la toma de la Ciudad y sus alrededores por estas tropas, ocurrida entre fines de setiembre y el 15 de noviembre de 1840.
La llegada del invasor a la Ciudad, la encuentra en un estado anárquico, situación a que llegó en razón de la muerte (1838) de Estanislao López y la lucha por el poder que se desató cuando su hermano Juan Pablo, creyéndose su sucesor natural, se arroga el derecho a asumir el poder. Además, la ciudad siempre había tenido una actitud dividida y ambigua respecto a Rosas. Urbano de Iriondo en sus “Memorias” afirma que fácil le resultó a Lavalle tomar la Ciudad, ya que quienes estaban en condiciones de defenderla, si bien no querían a Lavalle, “mucho menos querían a Rosas y a don Pablo (López)”. [3]
El vecino Pascual Santa Cruz:
En el año 1826, Pascual Santa Cruz vecino de Santa Fe, otorga poder especial a su hijo Roque Jacinto Santa Cruz, residente en la capital de Buenos Aires, para que a su nombre y representando su propia persona cobre y perciba cuanto se le adeuda al otorgante, de los fondos del Estado en razón de suplementos hechos a las tropas. [4]
Posteriormente hace saber a sus hijos Roque, Tadea y Marta, la liquidación definitiva, la que expresa que desde el día 28 de agosto de 1852 "me da seis pesos mensuales por los 1.500 pesos que me debe el Estado en virtud de no haberles hecho ajuste y sólo les ha hecho a dos, el primero a D. Hipólito Rodríguez y me abonaron sus hijos 38 pesos de teniente de blandengues y ahora le han hecho ajuste al capitán D. Francisco Antonio Aldao quien me debe cincuenta y tres pesos y Da. Luisa Aldao que lo que le den a darme a su (ilegible) los 53 por así me ha prometido". [5]
Magnitud del fenómeno:
En los expedientes civiles producidos por el Poder Judicial, se han detectado treinta y seis casos de reclamos de vecinos. Un número menor es el que obra en el Ministerio de Gobierno. Y apenas contados los casos en Escrituras Públicas y en Escribanía de Gobierno. No obstante los reclamos han sido numerosos, según se desprende de los registros particulares de Pascual Santa Cruz.
Los vecinos reclaman. Selección de casos:
Luis Jacinto Fontán
Se presentó el 1º de diciembre de 1860 este “súbdito sardo”, por daños de su estancia denominada Estanzuela de Larrechea , sufridos en los años 37, 38, 39 y 40 donde, posteriormente, estuvo el ejército de Lavalle, antes de marchar hacia el norte. Afirma que después de Lavalle, sufrió las depredaciones de Oribe, quien, al regresar del interior, todo lo destruyó, hasta que se hizo cargo del establecimiento el general Echagüe. El testigo José Rosa Córdoba sabía que Fontán tenía unas 1.000 cabezas de vacunos, 200 lanares y unos 20 caballos y que al irse Lavalle, le quedaron unas 30, todo “guachaje”. El testigo José María Godoy, afirmó que en la Capilla y sus alrededores, el ejército de Lavalle acampó unos quince días, terminando con todas las haciendas del vecindario. Y que lo dejado por Lavalle fue concluido por Oribe. Otro testigo, Ventura Godoy, vecino antiguo de la Capilla , concuerda con los anteriores.
La sumaria información de testigos es ampliada el 1º de marzo de 1862, actuando como abogado patrocinante el Dr. Simón de Iriondo. Aparece un testigo Pablo Sosa o Larrosa, sosteniendo que Fontán, ante noticias de la llegada de Oribe, le entregó más de sesenta cabezas para que las llevara a las islas. El agente fiscal, impugna las declaraciones al observar diferencia entre 1.000 y 60 vacunos, lo que obliga a Fontán a promover una nueva sumaria, el 27 de enero de 1865, haciendo referencia a las anteriores y pidiendo ahora indemnización por 600 cabezas, que les arrasó Oribe al regresar del interior. [6]
Ricardo Foster
Ricardo Foster súbdito británico, vecino, propietario y hacendado de la provincia de Santa Fe, el 21 de octubre de 1861 se presenta ante el juez de primera instancia en lo civil y expone que entre varios perjuicios sufridos en su establecimiento de Estancia por arrebatos de animales caballar, vacuno y lanar, por tropa suelta perteneciente al ejército nacional, se nota con especialidad el arrebato en la tarde del día 20 de octubre de 1861, de las 2 a las 6 de la tarde, por soldados de las fuerzas que acompañaban al Brigadier General Juan Pablo López, que habiendo separado de la columna y pasado por su establecimiento se lanzaron a arrear caballos, yeguas, ovejas, vacas, matando y arriando a su antojo; corriendo a vecinos, capataz y a un peón.
En vista de esta violación a su propiedad cometida a día claro, y por individuos pertenecientes al Ejército Nacional, bajo uniforme militar y armados de clavinas, sables y lanzas, le suplica se sirva ordenar se reciba sumaria información de los daños que le han causado no solo en el citado día 20 como anteriores, haciendo comparecer para el efecto a los vecinos Juan Nanis, Manuel Cavia, Roque Díaz, Andrés Alvarez, Santos Echauqui, Santiago Sabroso, Gabriel Ferreira, Cirilo Velázquez para que declaren lo que han sabido y visto al respecto y asimismo al comisario Antonio Frutos.[7]
Juan Romero
Esta sumaria de testigos se inicia el 25 de abril de 1863. Romero dice ser de San Clemente, Ciudad La Nueva, España, y domiciliarse en el norte de la ciudad de San José (Rincón). Que en 1840 una división del ejército de Lavalle acampó en la casa y estancia en Los Calchines y terminaron con toda la hacienda; sacaron hasta los postes para leña y quemaron la casa y los acopios de maíz, cueros y grasas, que fueron traslados a la Ciudad por orden del Jefe del Departamento de San José, a disposición del gobernador delegado Pedro Rodríguez del Fresno. Los testigos hablan de cuatro a cinco mil cabezas de vacunos, 100 caballos y 2000 ovejas. También se llama a testificar al mismo Rodríguez del Fresno, quien afirma que los acopios se trasladaron para que la Ciudad, sitiada, no muriese de hambre y que el mismo Romero sirvió como baqueano en el traslado de las cosas. [8]
Manuel Perdomo
Su presentación es del 28 de marzo de 1863. Allí dice ser natural de las Canarias y que tenía su establecimiento agrícola en “Los Calchines, donde perdió todas las haciendas y le fue quemada su casa de negocio en esta Ciudad, cuando Lavalle la tomó. Perdió 1.000 vacunos, 400 ovejas y 25 caballos”. Estima el valor de un novillo en 3 a 4 pesos, un caballo 12 reales y una oveja de 5 a 6 reales. [9]
Francisco López Navarro
El 12 de mayo de 1863, se presenta este andaluz, natural de Alejas reclamando por un establecimiento en el Cantón de San Pedro donde, por su destrucción, perdió 800 vacunos, 30 yeguas, 1.500 ovejas y 25 caballos. Agrega que en la Esquina de San Antonio,[10] tenía un negocio que fue completamente saqueado, siendo el valor de los daños de $1.000. El testigo Raimundo Piedrabuena da precisiones y aclara que no fue el ejército de Lavalle, sino el de López (Juan Pablo), que venía en persecución de aquel y que lo sabe por haber formado parte de ese ejército. Otro testigo, Celestino Pavón, afirma saberlo por haber sido soldado del coronel Andrade, cuyas tropas hostigaban a Lavalle. [11]
Juan Rodríguez de Andrade
El 21 de marzo de 1865 comparece su viuda Isabel Aldao. Rodríguez de Andrade era teniente de artillería y natural de Galicia. Su viuda pretende reclamar por daños a través del cónsul español. Tenían un almacén en la calle Comercio, a una cuadra al norte de la plaza principal, que fue completamente saqueado, perdiéndose un capital que se estima en $3.000 y un establecimiento de campo a cuatro leguas de la Ciudad, en la otra banda del Salado, destruido por las fuerzas de Lavalle y López, perdiendo 2.000 vacunos, 600 ovejas, 300 yeguarizos y algunas cabras. Los testigos dicen que los saqueadores rompieron la puerta del negocio a balazos y hachazos. [12]
José Clucellas y Golobardes
El 9 de diciembre de 1862 Ana Ruiz de Clucellas de esta naturaleza y vecindario, viuda de José Clucellas y Golobardes, oriundo de Manresa (provincia de Cataluña - España), se dirige del mismo modo al juez de primera instancia en lo civil manifestando que conviniendo a sus derechos acreditar legalmente los perjuicios y saqueos que ha sufrido el 31 de marzo y 1° de abril de 1816, por las fuerzas argentinas al mando de Mariano Vera; solicita se le admita al efecto la sumaria información que ofrece.
En esa época la casa de comercio afectada, era una de las tiendas que se encontraba mejor surtida, y era también uno de los negocios más fuertes de la plaza.
El capital de la casa de negocio en cuestión pasaba de doce mil pesos. Si a esto se agregan los frutos del país, de los que había grandes acopios en los almacenes interiores, resultaba prudente calcular que los perjuicios originados no bajaban de $ 20.000 a 25.000. [13]
Joaquín Pérez
En el año 1864 Joaquín Pérez produce información sumaria para ser declarado pobre de solemnidad y acreditar los perjuicios recibidos en sus intereses en 1840 por las tropas del general Lavalle. [14]
Feliciano Barco
La promueve el 1º de agosto de 1864, patrocinado por el Dr. Iriondo quien manifiesta que Barco, cuando llegó Lavalle, era propietario de un importante establecimiento de campo y que el Ejército libertador tomó todas las haciendas, prometiendo devolverle “el doble” de lo que se tomó. “Mi representado – prosigue- no sólo entregó sus intereses todos; sino que, como es notorio, él y sus hijos lo acompañaron en todas sus campañas”. Barco perdió más de 2.000 vacunos, 100 bueyes, 200 caballos, 4.000 ovejas y 800 yeguas; entregó carretas con bueyes y le quemaron los corrales. Su abogado no ahorra calificativos, seguramente destinados a impresionar (“...Este anciano sacrificó sus comodidades, sus intereses cuantiosos y hasta su familia, para servir una causa y enrolarse en un ejército que marchaba contra un tirano del que sólo después de muchos años, se ha podido el país librar. Con su trabajo sostiene a su familia a la edad de más de 70 años (y) quizá una justa retribución aliviaría sus tareas”).
El testigo Pedro Rodríguez del Fresno dice que: “...En presencia del exponente y de don Félix Arias, don Feliciano Barcos (sic) le ofreció al general Lavalle para el servicio de su ejército, todos sus intereses, su persona, la de sus hijos y bienes de su estancia y que en esta virtud, el General dispuso de ellos, prometiéndole restituirle el doble; y que el expresado señor Barco con sus hijos y peones marchó con el citado Ejército y lo acompañó hasta lo último, prestándole al general Lavalle importantes servicios; y que a más perdió un hijo en la Batalla Grande del Tucumán...”. Manuel Col afirma, dando razón de sus dichos, haber presenciado lo mismo “...Como ciudadano que pertenecía a la Legión de Mayo del citado Ejército; y que se halló presente cuando Lavalle le prometió devolverle no sólo el doble sino el tres por uno...(y que) el señor Barco marchó con sus hijos y peones en el citado Ejército...hasta que se disolvió y perdió un hijo que fue muerto en la Batalla de Tucumán”.[15]
Pedro Echeverry
Este damnificado promueve su sumaria información de testigos por intermedio de su hijo Pedro, el 12 de abril de 1864. Dice ser vecino de Mendoza y que su padre residía en Azul. Invoca que por 1840, su padre tenía en Coronda una tienda de géneros, almacén y pulpería y que el 20 de setiembre de 1840, por orden de Juan Pablo López, por haberse negado a pagar una contribución forzosa, fue llevado preso a Santa Fe, siendo sus casas completamente saqueadas por el abandono en que quedaron. Que estando en prisión, mandó a su dependiente Pedro Beherenborda a Coronda, para que tratase de salvar lo poco que había quedado, quien fue asesinado por los soldados de López. Que también tenía un establecimiento (de campo) poblado, que fue destruido en 1840 y 1841 por los ejércitos de Buenos Aires.
El testigo Manuel Giménez dice saber que cargaron 2 ó 3 carretas del negocio hacia Santa Fe, por haber ordenado López que todo el mundo se retirase, so pena de la vida, aunque quedaron bastantes restos del negocio. Otro de los testigos, Felipe Fernández, aclara que en realidad el propio Echeverry al ser remitido a Santa Fe, llevó sus cosas en las tres carretas, dejando abandonado lo demás en su casa. El testigo Anselmo Maciel coincide que llevó 2 ó 3 carretas y lo que quedó se lo robaron. Otro, Leonardo Calderón agrega dramatismo, dando detalles de la muerte del dependiente de Echeverry, contando que después de la destrucción y el saqueo, en el lugar quedó abandonado el sirviente negro, el que fue envenenado con una “cuarta” de aguardiente por un vecino, ya finado, llamado Cristóbal González. Este lo echó a la calle en una noche fría, encontrándose al día siguiente el cadáver. Finalmente, Francisco Rodríguez sostiene que había una majada de ovejas, que se perdió cuando López fue vencido por el finado general Andrade.
Esta sumaria fue ampliada el 17 de enero de 1865, por carecer de una estimación del valor de los daños. Se piden, ahora, de $10.000 a $12.000, el valor de 2.000 vacunos y 1.400 yeguarizos .[16]
Evaristo Ponce
Se presenta el 10 de diciembre de 1863, diciendo que cuando Lavalle se retiraba de Buenos Aires hacia las provincias del interior, sin recursos, llamó a varios estancieros de la Provincia, entre ellos a Ponce, y les pidió sus haciendas, prometiéndoles que después de la guerra y el triunfo les devolvería el doble y trabajaría para que sean indemnizados. Que él entregó sus vacunos, lanares y yeguarizos y entró al Ejército como teniente. Que también sufrió perjuicios cuando en el 45 el general Paz mandó invadir la Provincia, al general Juan Pablo López. Que en el 40 perdió 1.000 vacunos, 8.090 lanares y 400 yeguarizos; y en el 45, 300 animales y 5 carretas con sus bueyes, que poseía en su establecimiento de Santo Domingo. [17]
Ramón Quevedo
Se presenta el 12 de agosto de 1864, diciendo que en el 40 tenía su casa de comercio, de bastante valor, ubicada al norte de la plaza de esta Ciudad, en la calle Comercio, en la propiedad de Petrona Candioti de Iriondo y al frente de Isabel Aldao[18]. Los testigos coinciden en que este comercio era de los más fuertes de la Ciudad. Pide $6.000.- a $8.000.- como indemnización. [19]
Manuel Borjas
Se presentan por el padre sus hijos Ramón, Bonifacia e Isabel el 2 de agosto de 1865, manifestando que el padre tenía su establecimiento en el Distrito Calchines, Departamento San José, habiendo perdido, según los testigos, 900 cabezas de vacuno, 100 yeguarizos y 300 lanares. [20]
Rosalía Acosta de Gainza
Promueve su sumaria el 23 de agosto de 1886, junto con sus hijos Julián y Joaquín. Mediante testigos intenta probar que por 1840 (46 años antes), tenía una estancia en Santo Tomé. El testigo Pedro Rodríguez del Fresno, funda un favorable testimonio firmando su participación al prestar grandes servicios al general Lavalle, sosteniendo que los Gainza: “...abandonaron todos sus intereses para seguir la causa del Libertador, a quien acompañaron hasta un día antes en que fue muerto”. Otro testigo, Aniceto Soto, afirma que cuando Lavalle estaba en posesión de esta Plaza, los Gainza “acarreaban” tropas de ganado para consumo del Ejército.[21]
José Freyre
Presenta en distintas fechas varios expedientes con declaraciones de testigos para acreditar daños sufridos en sus bienes de la estancia del Paso de Santo Tomé, a partir de 1838. El 14 de octubre de 1865 promueve una por saqueos de Lavalle. El testigo Manuel R. Coll dice: “...En cuanto al ejército del general Lavalle, le consta que saquearon completamente el referido establecimiento hasta concluirlo. Que lo sabe por haber pertenecido al Escuadrón Mayo del Ejército”. Tenía 1.800 vacunos, 400 yeguarizos, 72 caballos mansos y 800 ovejas criollas. Su apoderado, Casto Correa, pide, una vez terminado el expediente de sumaria, una copia legalizada para presentar ante el Gobierno Nacional.
El fiscal Samuel Navarro, a quien se le corre vista para que formule observaciones sobre las declaraciones, se expide en un sentido general para todas las sumarias informaciones, manifestando que los daños son: “...tan generales en la Provincia y tan notorio el hecho, que sobre eso no podría establecerse condición sin faltar a las reglas del sentido común”. Es una opinión aplicable a todas las informaciones. [22]
Bartolomé Zaballa
Se presenta el 16 de octubre de 1865 su viuda Ana Comas de Zaballa. Manifiesta que su esposo era súbdito español y que poseía una “fuerte” casa de comercio, de las mejores surtidas en almacén y tienda, que fue completamente saqueada por las tropas de Lavalle. Invoca un tratado de indemnizaciones con España y agrega que además del comercio, tenía una quinta cercada de alfalfares y árboles, en las inmediaciones de la Ciudad, que sirvió de campamento de las tropas de Lavalle y después de Oribe y Echagüe. El testigo José Florentino Claros – de 75 años – dice saber que en esa quinta estuvieron la Compañía de Morenos y otra en tiempos de Echagüe. Estima los daños en $14.000. [23]
Pedro Viñas
El 20 de marzo de 1863 Pedro Y. Galisteo, natural de la ciudad de Santa Fe Curador Judicial de don Pedro Viñas, oriundo de la Junquera, provincia de Cataluña del reino de España, se presenta ante el juez de primera instancia y expone: que respondiendo a los intereses del señor Viñas acredita legalmente los perjuicios que ha recibido en las guerras civiles, que han tenido lugar en la república, durante el transcurso de su residencia en ella y deseando hacer sus reclamos a la Autoridad Nacional pide al señor Juez, ordene levantar una sumaria información sobre el particular. Para el efecto presenta el interrogatorio, al tenor del cual, bajo la religión del juramento y demás formalidades de la ley solicita se examine los testigos que presenta.
Los testigos afirman que Viñas, tenía establecida una casa de negocio en el ramo de tienda y almacén en la ciudad de Santa Fe en la calle del Comercio en casa de su propiedad, de la plaza principal, dos cuadras hacia el norte, por los años 42, 43, 44 y 45. Agregan que el día 6 de julio del año 1845, fue saqueada su casa por las fuerzas del General Juan Pablo López.
Pide justicia y para ello jura. Prosigue un auto con la citación fiscal a don Severo Basabilbaso. Luego una notificación del auto al designado. A continuación la aceptación del cargo, con la presentación de testigos que resultan ser: Manuel H. García de Entre Ríos y vecino en ésta; Mariano Domínguez de este vecindario; José Antonio Lassaga; y José R. de la Cámara también de este vecindario. [24]
Tomás Cullen
El 14 de septiembre de 1865, el apoderado de Tomás Cullen en presentación al Juez de primera instancia en lo civil expone: que a causa de habérsele perdido a su instituyente el justificativo de la contribución forzosa impuesta a la casa de negocio que giraba en esta plaza bajo la razón social de Cullen Hermanos por Juan Pablo López, gobernador entonces de esta Provincia en el año 1856, viene a pedir a la integridad del juzgado se sirva admitir la sumaria información que ofrece, ordenando entonces que los testigos que presenta declaren.
En el año del hecho citado el comisario David Luna por orden del superior gobierno, tomó por la fuerza en efectos de ultramar, un valor de quinientos pesos. [25]
Mariano Comas
En 1865 los herederos de Mariano Comas se presentan para acreditar judicialmente y en la mejor forma de derecho los daños y perjuicios sufridos en los intereses del mencionado finado don Mariano Comas, por los ejércitos argentinos durante la lucha civil que ha agitado a la Nación; y operado en esta provincia desde el año 1810, desde cuya época datan los perjuicios ocasionados al referido señor Comas por su calidad de súbdito español, cuya circunstancia hizo que fuera perjudicado en su persona y bienes, desde la guerra de la Independencia de esta República, de la metrópoli española.
La casa de negocio que tenía en esta plaza el finado don Mariano Comas, fue saqueada el 14 de marzo del año 1815, por las fuerzas revolucionarias al mando del comandante Hereñú y bajo las órdenes de don Francisco Antonio Candioti contra el teniente gobernador de esta Provincia coronel don Eustaquio Díaz Vélez.
Los testigos debieron confirmar, si cuando la sublevación de Mariano Vera en el año 1816 contra el teniente gobernador de la Provincia Juan F. Tarragona, después de haber conseguido los sublevados hacer rendir al general Juan José Viamonte, que sostenía la autoridad legal, las fuerzas de Vera saquearon por más de cinco días sin interrupción todas o la mayor parte de las casas de los españoles residentes en esta capital, entre las cuales fue una de tantas la de negocio del mencionado Comas.
Se les interroga también acerca de, si les consta que en agosto del mismo año de 1816 las fuerzas que vinieron de Buenos Aires al mando de los coroneles Díaz Vélez y Dorrego, que saquearon indistintamente todas las casas de esta ciudad durante más de veinte días saquearon también la casa del referido Mariano Comas.
Debieron decir si saben y les consta que a fines del año 1818, el general don Juan R. Balcarce cuando entró en esta ciudad, con el ejército a su mando en persecución de Estanislao López gobernador de esta provincia impuso a Mariano Comas una fuerte contribución pecuniaria la que fue satisfecha inmediatamente.
En sus declaraciones Prudencio Torres, perteneciente a las tropas revolucionarias de Vera, vecino en el momento de la declaración del departamento San Jerónimo, expone que conoce la casa de negocio que era una de las principales de la localidad. Terminadas las revoluciones intestinas, en las cuales en todas fue siempre saqueada esta ciudad, se reunían en la casa del finado Francisco Ruiz de la Peña, la mayor parte de los principales españoles vecinos después que volvieron de sus destierros, recordando él la presencia de Buenaventura Coll, Mariano Comas, Agustín de Iriondo, José M. Zavala y otros con el finado Peña que ya no recuerda. Repetidas veces relataron lo que habían sufrido y perdido en sus personas e intereses tanto en los distintos saqueos, contribuciones forzosas y demás perjuicios. En tales circunstancias les oyó que el citado Mariano Comas había perdido como 60.000.- pesos y este decir era bastante conocido.
Acto continuo compareció el testigo Evaristo Ponce, también soldado de Vera. Este informó que la casa de negocio de Mariano Comas fue saqueada por las tropas al mando del comandante Hereñú, que vinieron de la provincia de Entre Ríos mandados por el general Artigas, por llamado del expresado Candioti. También fue saqueado por las fuerzas de Mariano Vera y el saqueo duró siete días.
Tomás A. Subirá declara que el dicho Comas era uno de los principales capitalistas, y su casa de negocios una de las más fuertes que había en la ciudad. Que el saqueo de las tropas de Dorrego y Díaz Vélez duró veintiocho días consecutivos.
El testigo Nazario Seco soldado de Vera respondió que el último saqueo fue mayor que el primero. [26]
Buenaventura Coll
Buenaventura Coll, era uno de los contertulios en la casa del español Francisco Ruiz de la Peña al cual aludía el testigo Prudencio Torres. Sus herederos también solicitan se les acepte sumaria información de testigos y en el interrogatorio que se elabora expresa que la casa de negocio que tenía en la ciudad el finado Buenaventura Coll, fue saqueada el 14 de marzo de 1815, por las fuerzas revolucionarias al mando del comandante Hereñú y bajo las ordenes de Juan F. Candioti contra el teniente gobernador de esta provincia coronel Eustaquio Díaz Vélez.
Cuando la sublevación de Mariano Vera en el año de 1816 contra el teniente gobernador de la provincia Juan F. Tarragona, después de haber conseguido los sublevados hacer rendir al general Juan José Viamonte que sostenía la autoridad legal, las fuerzas de Vera saquearon por mas de cinco días sin contemplación todas o la mayor parte de las casas de los españoles residentes en esta Capital, entre las cuales fue una de tantas la de negocio del mencionado Buenaventura Coll.
En agosto del mismo año de 1816, las fuerzas que vinieron de Buenos Aires al mando de los coroneles Díaz Vélez y Dorrego, que saquearon indistintamente las casas de esta Ciudad durante más de veinte días saquearon también la casa del referido Coll. Y que el general Juan R. Balcarce cuando entró a esta ciudad con el ejército, en persecución de Estanislao López gobernador de esta provincia impuso a Buenaventura Coll una fuerte contribución pecuniaria, de 40.000 a 50.000 pesos plata, la que fue satisfecha inmediatamente.
Los testigos que concurren son: Prudencio Torre, vecino de San Jerónimo, Evaristo Ponce, Tomás Antonio Suvirá, Gregorio Cámara, Javier Orrego y Andrés Mendoza del vecindario de Santa Fe.[27]
José Iturraspe
Promueve la suya el 15 de junio de 1866, pidiendo se tenga por acreditada la autenticidad de un documento por $F.500 “suplido” al Ejército Libertador de Lavalle. En su testimonio, el conocido Pedro Rodríguez del Fresno dice que siendo él gobernador de la Ciudad, Lavalle le encomendó negociar 500 onzas de oro en el comercio local, por intermedio de su secretario el Dr. Félix Frías y que lo negociaron con Iturraspe, quien entregó el dinero al general Tomás de Iriarte. [28]
María Ambrosia Santuchos de Giménez
Se presentó el 24 de enero de 1866 por su esposo Esteban Giménez. Dice que por 1840 éste tenía en “San Pedro, Frontera Norte de la Provincia”, una casa de negocio de un capital de más de $1.000, 200 vacunos, 180 ovejas y 26 caballos, siendo todo arrasado por las fuerzas de Lavalle. En interrogatorio de los testigos aclara que era tienda y almacén, y que el paraje de San Pedro era Cuartel General de la Frontera Norte. Como otro dato interesante, se presenta la partida de matrimonio de los Giménez, donde costa que se casaron el 2 de octubre de 1824; que Esteban era hijo de Pablo y de María Josefa Alvarez, Sargento de la 2º Compañía del 1º Escuadrón de Dragones. María Ambrosia Santuchos, era hija natural de María Santuchos, “nobles”, naturales y vecinos de Santa Fe. Giménez murió repentinamente y fue sepultado en Santo Domingo el 25 de agosto de 1845. [29]
José Puyol
En 1868 Francisca y Melchora Puyol en nombre de su finado padre José Puyol exponen que habiéndose comprometido la República Argentina, en sus tratados con "la España" a pagar los perjuicios recibidos por súbditos españoles en las guerras civiles que sufrió el país; siendo él uno de tantos españoles que ha experimentado grandes quebrantos en sus intereses por la causa indicada, corresponde ser indemnizado.
Su padre había levantado un establecimiento de campo del otro lado del río Salado. A consecuencia de las continuas invasiones de indios y de robo continuado de vecinos de esta provincia y de la de Córdoba, en el año 1814 a 1815 llevó a la estancia de San Miguel Dpto. de San Lorenzo 600 vacas tamberas, 2.500 ovejas, 300 yeguarizos, entre caballos, mulas, yeguas y buenos "hechores". En la guerra civil de los años 1819 y 1820 fueron consumidos todos ellos por los ejércitos de Buenos Aires.
Presenta como testigos: a Pablo Alfonso, Pablo Pan y Agua estanciero de San Lorenzo de 67 años, Domingo Andino, estanciero de 80 años y Mariano Ferreyra. [30]
Francisco María Torres
Francisco María Torres de nacionalidad española residente en la ciudad de Santa Fe, ante el Juez expone que en el año 1865 hizo un contrato de arrendamiento de un campo con los herederos del señor Puyol, por el término de seis años con el objeto de instalar en él, como en efecto lo hizo, un establecimiento. Después de haber trabajado la casa, corrales y demás cosas necesarias en un establecimiento de esa clase y teniendo ya allí la hacienda lanar, sobrevino un desacuerdo en una parte de la Colonia Esperanza, porque iba a ocupar un campo, aunque fuera arrendado legalmente a sus dueños. Como sesenta colonos armados y ebrios le entimaron el desalojo. De este acto dio cuenta al gobierno de la provincia, representado entonces por Nicasio Oroño quién le ordenó desocupar el campo legalmente arrendado. Como era natural una medida de esa clase le provocó graves perjuicios en sus intereses, no sólo por el trabajo realizado, el que le demandó meses de trabajo personal, sino porque además tuvo que sufrir la pérdida de mas de 400 cabezas de ganado vacuno a consecuencia de no encontrar cerca campos tan buenos como ése. La pérdida no podía estimarse en menos de 6.000 pesos; ello sin computar la pérdida en la hacienda y atento al valor que importaban los trabajos preparatorios realizados en un establecimiento de campo sumado al hecho de haber realizado triple trabajo: “el hacer, el deshacer y volver a hacer de nuevo”.
Pide se tome declaración a Jonás Larguía, Marcial Candioti, Antonio Zamora Comisario del distrito Paso de Mihura, a Juan Carreras oficial mayor del Ministerio en aquel tiempo, a don Tiburcio Aldao que fue gobernador delegado, a don Simón de Iriondo Ministro y a don Manuel Ignacio Pujato. [31]
Iroteo Clucellas
En el año 1870 se producen dos presentaciones relacionadas con la Guerra del Paraguay. La primera de ellas es iniciada en setiembre por Iroteo Clucellas "natural y vecino de esta Ciudad" quién expone que siendo uno de los veintidós argentinos que sufrieron las penurias de la cárcel del Paraguay, durante la dictadura del doctor Francia y el único de todos ellos que sobrevive, desea producir una sumaria información del tiempo que sufrió en las cárceles del Paraguay, más los intereses que allí perdió unas veces arrebatados por el dictador Francia y otros perdidos a consecuencia de la misma prisión por no poder atenderlos.
A la edad de 17 años se fue al Paraguay con negocio, el que además de perderlo sufrió la prisión por 22 años y "lo que a mas perdí mi juventud, mi capital y los mejores años en que podía trabajar para recuperarlos y a tanto llegaba la iniquidad y la injusticia que ni siquiera se nos daba el alimento que en todas partes de les da a los presos y me hace necesario trabajar junto con mis compañeros de desgracias para adquirir el sustento diario."
Por el momento solo procura hacer el reclamo por intermedio del gobierno nacional para que teniendo en consideración su avanzada edad, sus sufrimientos y los intereses que ha perdido se le abonen los daños y perjuicios sufridos; no solo por lo que perdió sino también por la libertad de que fue privado tan injustamente y de los medios de hacer una fortuna para su vejez; “prisión que yo no estimo menos de $ 40 a 50.000, a lo menos no hubiera querido sufrirla por esa cantidad."[32]
Con este objeto trata de producir una sumaria información y para ello pide que reciba declaraciones a don José Francisco Brasil, don Donato Echagüe, don Domingo Crespo y don Urbano de Iriondo personas todas ancianas y muy respetables.
Manuela Andino [33]
El segundo caso se inicia en diciembre de 1870 y concluye al año siguiente, el que es presentado por Manuela Andino natural y vecina de la ciudad quién expone que el año 1819 su hermano legítimo Pascual Andino fue al Paraguay, llevando un negocio propio como de valor de $ 8 a 10.000 pesos fuertes, un tejo de oro de valor de 2.500 pesos fuertes según consta en los libros de Iriondo a quién pertenecía el tejo de oro y cuyo importe hubieron de abonarlo todos los herederos a los sucesores de Iriondo por arreglo amistoso como aparece en el expediente y en el que ha intervenido el Juez a quién hace la presentación.
Y como es de público conocimiento su hermano el doctor Andino fue puesto preso (1823) por el dictador del Paraguay junto con las damas santafesinas que allí había y sufrió la prisión hasta el año 1834, en que murió en la misma cárcel, en brazos de sus paisanos y compañeros de desgracia, pobre y sin tener nada de cuanto había llevado.
Por ello corresponde que todos esos perjuicios deben ser reclamados al gobierno del Paraguay que tan injustamente les ocasionó. [34]
Severo de los Santos
En 1869 Severo de los Santos, brasileño ofrece información sumaria para acreditar los perjuicios sufridos en sus intereses en los años desde 1842 hasta 1861.
Los ejércitos de Oribe en 1842 le arrebataron de su establecimiento de Cañada del Arce (Coronda), Dpto. San Jerónimo 500 cabezas de ganado vacuno, 300 yeguas, 1.000 ovejas y 40 caballos. Y en 1859 y 1861 las fuerzas de la Confederación le tomaron 200 vacas, 30 caballos, 40 mulas y 160 yeguas.
Al año siguiente su viuda Elena Rodríguez de los Santos, solicita al Juez de 1° Instancia apruebe la sumaria información. El trámite se archiva en el año 1878. [35]
La Revolución de 1872:
Desde comienzos del año 1872, se habían venido produciendo “conatos de revolución, intentados para alterar el orden y tranquilidad de la provincia”.[36]
El 29 de julio de 1872 fuerzas insurgentes al mando de Teodoro Almirón, Villalba y otros invadieron la provincia con el objeto de deponer al gobernador Simón de Iriondo, y colocar a sus partidarios políticos, llegando hasta entrar en pleno día a la ciudad y atacar el antiguo edificio conocido por Aduana o Fortaleza, de cuyo punto fueron rechazados por la fuerza del gobierno.
Al día siguiente se “moviliza la Guardia Nacional de toda la provincia debiendo concurrir todo ciudadano capaz de llevar armas, a la orden, o llamada de la Autoridad. La movilización dura hasta el 7 de agosto”.[37]
Rechazados los invasores de la ciudad se retiraron por el norte de la provincia, hasta que perseguidos activamente por las fuerzas del gobierno al mando de los coroneles Nelson y Rodríguez, en San Pedro el Grande se disolvieron tomando distintos rumbos a fin de salvarse de la persecución que se les hacía y que no pasó de dicho punto, llevando consigo cuantos caballos pudieron conseguir, con el objeto de impedir a las fuerzas del gobierno los persiguieran, quitándole los principales elementos de movilidad.
Cirilo Canteros
Las fuerzas al mando de Almirón quitaron a Cirilo Canteros dos tropillas de caballos compuestas de 28 caballos entre los cuales había algunos que se hubieran podido vender por cincuenta pesos, y si bien causaron otros perjuicios el damnificado no solicita resarcimiento por ello.
El gestor pontifica “veamos cual es la responsabilidad que por ello pesa sobre el contrario, aplicando al presente caso los preceptos constitucionales que nos rigen”. Se responsabiliza a Almirón por las exacciones cometidas. El escribano público Eufracio Mendoza certifica que durante el término de un mes se ha publicado en el periódico “El eco del pueblo” un Edicto emplazando a don Teodoro Almirón Bailón para que responda a la demanda por indemnización de daños y perjuicios. [38]
La Revolución de 1893 y el Batallón 11 de Caballería de línea:
Hacia fines de 1891 la instauración de un impuesto de diez centavos moneda nacional por cada cien kilogramos de trigo o lino que se negociara en la provincia, recayó por decretos sucesivos en el vendedor, comprador, productor o tenedor del cereal.[39]
La imposición de este gravamen constituyó el origen de un enfrentamiento entre los productores agrarios y el gobierno provincial.
El primer afectado fue el productor, mientras que las casas exportadoras (Bunge y Born, Otto Bemberg, etc.) que monopolizaban la comercialización del cereal, quedaban obligadas en segundo término.
La revolución producida el año anterior a raíz de la crisis política desatada, determinó el surgimiento de un sector político nuevo, que en 1891 constituyó la Unión Cívica Radical detrás de las banderas levantadas por Leandro Alem, de la intransigencia y el no acuerdo con el gobierno nacional.
En Santa Fe la Unión Cívica Radical reunió a profesionales de las ciudades de Santa Fe y Rosario, en su mayor parte egresados de las aulas del Colegio Inmaculada y de la Facultad Provincial de Derecho.
Este grupo asumió la conducción del movimiento que recibió el apoyo de los colonos insatisfechos contra el poder político, por el impuesto a los cereales, haciendo las veces de enlace entre ambos grupos, la Unión Agraria.
Sumado el apoyo del ministro del Interior, Aristóbulo del Valle, se produce la “primera revolución radical” que duró desde el 23 al 26 de julio de 1893. Desde Rosario se extendió hasta Santa Fe. Gran parte de las colonias se levantaron: Esperanza, Humboldt, Rafaela, Helvecia, Reconquista; siendo el aporte más significativo el suizo-alemán y luego el italiano.
Del triunfo de la revolución resultó el abandono de Cafferata del cargo de gobernador y la constitución de un gobierno revolucionario encabezado por Mariano Candioti como gobernador, el que duró solamente 21 días. [40]
La contrarrevolución vino de la mano de la intervención nacional de Baldomero Llerena. Y del 24 al 26 de septiembre vuelve a producirse un segundo estallido, sin lograr imponerse. La Guardia Nacional de la Provincia permanece movilizada desde el 22 de septiembre al 16 de octubre.[41]
Al mes siguiente con la nueva intervención federal de José V. Zapata el gobierno provincial nombra una comisión para que entienda y dictamine sobre los reclamos por perjuicios y expropiaciones hechas durante la última rebelión. Esta comisión entendería en los reclamos cuyo valor no excediera de quinientos pesos, debiendo llevarse ante el gobierno nacional los que excedieran de esa cantidad.[42]
Esta medida se complementa con otro decisorio que reconoce los reclamos sobre animales y objetos de propiedad particular, de los cuales hubieran podido disponer las fuerzas destinadas a sofocar la revolución. No se reconocen los perjuicios causados por grupos alzados en armas contra las autoridades constituidas.[43]
Federico Travaglini
Federico Travaglini domiciliado en calle San Jerónimo 740 expone que el día 26 de septiembre de 1893, un grupo de soldados del Batallón 11 de Caballería de Línea, al servicio del Interventor Nacional general Liborio Bernal, como a las 4 de la tarde, penetró violentamente a su domicilio echando las puertas abajo con las armas y robó cuanto le vino a la mano. La mayor parte eran soldados de línea, pero había también seis que vestían de particular y un agente de policía que parecía ser el que los capitaneaba.
Lo que no pudo constatar con toda seguridad fue si los soldados de línea eran o no del 11, pero los vecinos así lo aseguran por haberlos visto.
En su domicilio tenía asimismo una relojería para ejercer el comercio de venta de alhajas, relojes y demás del ramo. Todo le fue robado, incluyendo objetos de su uso personal, ropas, géneros, etc., por lo que desea constatar el hecho para interponer su reclamación ante quién corresponda de acuerdo con lo dispuesto en el título 10, lib. 3. del Código de procedimientos. [44]
María D. de Baroni
María D. de Baroni, vecina de Manuel Gálvez y accidentalmente en la ciudad de Santa Fe, constituye domicilio legal en la calle San Jerónimo N° 367, se presenta ante el juez y expone que los días 3 y 6 de octubre un grupo de soldados del Batallón 11 de Caballería de Línea, al servicio de la intervención nacional, en marcha para Reconquista, asaltaron una casa de comercio que tiene en Manuel Gálvez y poniéndole sus fusiles al pecho con apercibimiento de que harían fuego en cuanto se moviera, se entregaron al más desenfrenado saqueo. En pocos momentos robaron todo lo que allí había incluso trescientos pesos "más o menos" que allí tenía.
Al regresar de Reconquista pocos días después repitieron el saqueo, llevándose lo poco que habían dejado antes, arreando unos caballos suyos y carneando una lechera de su propiedad también.[45]
Manuel Vidal
Manuel Vidal, domiciliado en la calle general Urquiza, esquina Salta se presenta ante el Juez y expone que, necesita constatar algunos hechos ocurridos en su casa habitación, en donde tiene instalado un almacén de comestibles y bebidas. Solicita que se admitan los testigos presentados, a fin de interponer un reclamo al señor Interventor Nacional, por asalto y robo llevado a cabo por soldados del 11 de Caballería de Línea.
El agente fiscal Francisco L. Albornoz provee al Juez el 6 de noviembre de 1893, manifestando que como en otros expedientes análogos se debe citar al gobierno de la intervención como parte esencial en el juicio. Se libra el oficio ordenado, y el 23 de marzo de 1895 el expediente se pone al despacho a los fines de la ley de sellos. [46]
La versión oficial:
En la historia del Ejército Argentino se pueden señalar dos etapas: una anterior y otra posterior a la obra militar de Mitre (1862-1864). Esta obra gestada después de Pavón, no es fruto de la improvisación sino que es la continuación de la labor de Mitre al frente del Ministerio de Guerra de Valentín Alsina en la Provincia de Buenos Aires.[47]
A ésta suceden su reorganización durante la primera presidencia de Julio A. Roca (1880-1886), su estado durante la presidencia de M. Juárez Celman (1886-1890), su reorganización durante la presidencia de J. E. Uriburu (1895-1898), y su organización durante la segunda presidencia de Roca (1898-1904). [48]
Para la revolución de 1893 el ejército nacional ha transitado ya casi tres décadas de la tarea organizativa de Mitre, aproximándose a la modernización que le impone el siglo XX, con la sanción en 1901 de la ley Richieri (n° 4.031) sobre organización del ejército y servicio militar obligatorio, superando el viejo sistema de la Guardia Nacional.
En los partes oficiales de la revolución de 1893, interesa en particular el parte del coronel Morosini cuando se refiere al comportamiento del Batallón 11 de Caballería de Línea. “La conducta de los batallones entrerrianos es digna del mayor encomio. Han luchado como bravos. El regimiento número 11 de Caballería de Línea ha cumplido una vez más con su deber. Jefes, oficiales y soldados se han conducido correctamente.[49]
El presidente Luis Sáenz Peña en el manifiesto del 4 de octubre al referirse al ejército nacional declama que éste “se ha mostrado una vez más mereceder de la confianza de la Nación y del Gobierno y de la alta misión encomendada a sus armas siempre vencedoras.
La marina de guerra se ha mantenido dentro de la más severa disciplina, y celosa de su lealtad insospechada, hizo fuego nutrido sobre la bandera rebelde, librando un combate que le recomienda al reconocimiento del gobierno.
La Guardia Nacional movilizada ha respondido dignamente a su llamamiento que le hiciera en horas de conflicto, singularizándose la de la Provincia de Entre Ríos, que aprestada bélicamente por su Gobernador, prestó servicios decisivos, consumando sacrificios patrióticos.
El pueblo argentino ha consolidado con su actitud resuelta y valerosa el principio de autoridad y el orden de las instituciones, acreditando sus anhelos de tranquilidad y de reposo...” [50]
Del trámite:
En el Poder Judicial los afectados o sus herederos inician la tramitación de reclamos ante el Juez de Primera Instancia en lo Civil, solicitando le sean aceptados los testigos presentados para una sumaria información. Existen presentaciones también en Escribanías Públicas, Escribanía de Gobierno y Ministerio del Gobierno.
Al aparecer los reclamos luego de 1860, son muchas veces las mujeres viudas o hermanas del damnificado las que llevan adelante el proceso. Elena Rodríguez de los Santos en Coronda, Ambrosia Santuchos de Giménez en San Pedro, Ana Ruiz de Clucellas y Manuela Andino hermana de Pascual Andino en Santa Fe.
En ocasiones el trámite dura muchos años, en donde se reiteran las presentaciones, como sucede con José Freyre, adonde es confusa la información que se brinda y en donde queda la duda si se trata de dos o tres registros.
Ana Ruiz de Clucellas viuda de José Clucellas y Golobardes inicia su trámite en 1862 y concluye en 1870. Severo de los Santos en 1869 y termina en 1878.
Son breves los trámites relativos al Paraguay. Iroteo Clucellas lo inicia y concluye el mismo año 1870. Manuela Andino lo comienza en 1870 y lo concluye en 1871.
Es breve también el llevado a cabo por Ricardo Foster que lo inicia y concluye en el año 1861. Los expedientes iniciados en 1893 en 1895 aun estaban en trámite, excepción hecha del trámite de María D. de Baroni que se archiva en 1894.
Cullen Hnos. (1865/1876) se presentan porque extraviaron el justificativo de la contribución forzosa que les impuso J. P. López.
En la sumaria información abundan los testigos y las fojas. Mariano Comas presenta seis testigos y su tramitación alcanza 24 fojas, Buena Ventura Coll con igual cantidad de testigos, lo actuado alcanza a 22 fojas y los herederos de José Puyol con cuatro testigos alcanzan a 33 fojas.
En el interrogatorio, bajo la religión del juramento el agente fiscal designado volcaba la información que los testigos debían aseverar.
En el expediente es factible acceder a la liquidación de las costas a favor del Escribano y al Tasador de Costes de la operación.
La respuesta del Estado Nacional:
El 31 de agosto de 1858, se emite en Paraná una Convención sobre indemnización a los súbditos británicos, "por los perjuicios que han sufrido en los trastornos acaecidos en la República por la guerra civil perjuicios que ha querido reconocer, siguiendo una política reparadora y generosa... " la que es aprobada por la correspondiente ley. Al año siguiente se produce el Acta de canje de las ratificaciones. [51] En la tabla anexa a la Convención con su Majestad Británica obra el cálculo que demuestra el modo en que se amortizaría la deuda en treinta y cuatro años, principiando en 1860 y concluyendo en 1893.
En la misma fecha se firman Convenciones análogas entre los Plenipotenciarios de Francia y Cerdeña, a fin de que el total de la deuda fuera extinguida en un plazo de treinta y cuatro años.
Toda deuda cuyo monto principal con los intereses liquidados, no excediese la suma de mil pesos sería íntegramente pagada en dos términos iguales, el 31 de diciembre de 1860 y el 31 de diciembre de 1861. Ningún reclamo podría ser presentado después del 31 de diciembre de 1860.
En 29 de septiembre de 1859 la Confederación Argentina reconoce la indemnización de perjuicios causados a nacionales o extranjeros por empleados de las autoridades legítimas. Al mes siguiente se firma el Convenio que asegura la paz con Buenos Aires, efectuándose el canje de las ratificaciones correspondientes en San José de Flores.
Al concluir el año del Salvador del Carril vicepresidente de la Confederación Argentina, en ejercicio del Poder Ejecutivo con el objeto de facilitar la fiscalización de las cuentas provenientes de la situación anormal que ha concluido, nombra una comisión arbitral y liquidadora de las cuentas y reclamos procedentes de la guerra de Cepeda. Al mes siguiente se instala la comisión, y cesa en sus funciones en enero de 1861.[52]
En octubre de 1860 el presidente de la Confederación Santiago Derqui, dispone que no se admitan más reclamos procedentes de la guerra que los presentados hasta la fecha. [53] Pero en el mes de diciembre a raíz de observaciones hechas por el Ministerio fiscal, se fija nuevamente el término de treinta días para presentar reclamos referentes a la última guerra.[54]
Al año siguiente se dispone que los reclamantes por suministros hechos al Ejército Nacional o por perjuicios directos inferidos por este en la última guerra, reciban un boleto que determine el monto de sus créditos reconocidos.[55]
Derqui comisiona al Dr. Avelino Ferreira para hacer tramitar ante las autoridades judiciales de Santa Fe, los reclamos por suministros a fuerzas nacionales del Ejército de operaciones.. La medida se origina en reclamos por perjuicios sufridos en el departamento Rosario de Santa Fe durante la guerra de 1859, y que se dicen inferidos por fuerzas pertenecientes al Ejército Nacional de Operaciones. [56]
En junio de 1863 Mitre autoriza abrir una cuenta especial por la Contaduría General, para concurrir oportunamente al Congreso pidiendo un crédito extraordinario para atender a los gastos ordinarios de la Administración en la parte que fuese necesario, por haberse invertido las sumas pertinentes en la atención de la perturbación del orden público en varias provincias.[57]
En noviembre se sanciona la ley mandando reconocer y liquidar la deuda de suplementos y auxilios prestados a los ejércitos libertadores que combatieron la tiranía de Rosas. Queda entonces reconocida como deuda a cargo de la Nación, desde el año 1838. La discusión parlamentaria se dio, precisamente, entre el 9 y el l0 de noviembre de 1863 (“Proyecto sobre la Deuda de los Ejércitos Libertadores”). En primer lugar, se estimó el monto total de la suma a indemnizar por el Tesoro Nacional, que ascendía a unos $2.500.000.- [58]Según el ministro de Hacienda (Vélez Sársfield desempeñó el cargo hasta mediados de septiembre y desde esa fecha, Rufino de Elizalde, quien, además, era ministro de R.R.E.E.), en ese monto se estimaban en $60.000.- los suministros voluntarios que los demandantes habían hecho al Ejército de Lavalle; y el resto eran los daños que éste había causado en su Campaña. Algunos diputados plantearon dudas sobre el año que la Ley fijaba para la base de indemnización (1838), pretendiendo que se la ampliara, tomándose como base la revolución contra Dorrego (1º. de diciembre de 1828).
Sobre el particular, el diputado Martínez, dijo: “Para mí ha habido ejércitos de la libertad antes de esa fecha (1838); ¿qué eran los ejércitos del general Paz?,¿qué eran los que combatían en los años 29 y 30?[59]. Pero el diputado Cantilo le contestó que la lucha contra la tiranía de Rosas había empezado en 1838, cuando Corrientes “...hizo un movimiento con el objeto de libertar a la República”[60]. La discusión resuma unánime animadversión al régimen de Rosas. El diputado Montes de Oca dice: “...Rosas no empezó su tiranía en 1838. La época está marcada con regueros de sangre desde 1829 (sic), en que fue la Revolución del 1º de diciembre, que fue la protestas de los hombres libres contra la tiranía que asomaba la cabeza. El General Paz se puso al frente de las provincias, en donde Quiroga era el instrumento de Rosas. Así, se vio que estuvieron al lado del general Lavalle los primeros hombres de la Revolución, de la Guerra de la Independencia, de la Guerra del Brasil. La lucha de la libertad contra la tiranía empezó, señor, desde el momento que (Rosas) aspiró al poder. No se puede en la República Argentina y en un Congreso Argentino negar que Rosas usurpó el poder, que vino subrepticiamente al mando y que desde entonces ejerció una tiranía que se mostró más claramente en 1838. cuando la Revolución del 1º de Diciembre, ya Rosas eran un caudillo de la campaña y ya entonces había levantado la bandera de la Federación...”[61]
Como era notorio por sus antecedentes, entre los más críticos al Régimen Rosista está el diputado Mármol: “...el general Rosas, señor, fue tirano desde el siguiente día de haber asumido el gobierno, porque al siguiente día de entrar al gobierno, expidió su famoso decreto de destierro, cuyo primer nombre es de una persona muy conocida: fue el doctor don Alejo Villegas el primer hombre a quien Rosas desterró...No fue tirano sangriento como en el año 40 y 42, pero fue bárbaro desde que empezó a gobernar, porque atropelló todos los derechos y las libertades y las conciencias, diré así, aterrorizando a los hombres y haciéndolos pasar por todos los vejámenes posibles...”. [62]
Sin embargo, el diputado Cantilo le responde que a pesar de todos esos excesos, en un principio solamente fue gobernador de una Provincia (Buenos Aires). Así: “...Rosas, fusilando a Montero en la Provincia de Buenos Aires; Rosas haciendo poner vigotes y fusilando indios, no es Rosas tiranizando la República, que es la época que el proyecto ha tenido a la vista...” [63] Y prosigue, ante la afirmación de Mármol, que el general Paz (por 1830 y 1831), con este proyecto puede aparecer como “...Uno de los tantos caudillos que hubo en las provincias.” Cantilo le retruca que Rosas no era más tirano que Quiroga y López, “...porque Rosas, mientras no se desembarazó de esos dos caudillos, no fue tirano sino en Buenos Aires. [64] Con él coincidió el Ministro de R.R.E.E., afirmando que la Revolución del 1º de diciembre “...aún cuando tenía tendencias nacionales, no puede negarse que en el hecho fue una revolución local, contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires...” [65]
Es el criterio que en definitiva privó, de limitar la ley de daños, no haciéndola extensiva a toda la actuación de Rosas, antes de su desempeño de contenido nacional. Los diputados entendieron que la ley de indemnización debía ser práctica y poner límites razonables en el tiempo, porque de otra manera no se cumpliría. [66]
La Ley 78, promulgada, como dijimos, por Mitre, determina el “Reconocimiento a cargo de la Nación de la deuda por suministros a los ejércitos que combatieron a Rosas”. La norma nacional establecía:
El 28 de junio de 1866,se promulga una norma complementaria de la anterior (Ley 175), que extiende el plazo por seis meses desde su publicación, para las pretensiones indemnizatorias, para el reconocimientos de las deudas en las Provincias. [67]Como puede verse en la ley, la dificultad radicaba en que los créditos debían estar documentados originariamente.[68]
Antes, con la autorización del Congreso, el 9 de mayo de 1865, el gobierno de Mitre declara la guerra al gobierno del Paraguay, manifestando "Que el Gobierno del Paraguay en estado de perfecta paz con la República, la ha atacado alevosamente a mano armada" Aparte de los sucesos de Corrientes menciona "que está practicando los atentados más injustificables contra la propiedad y las personas existentes en el territorio que ocupa..." [69]
Se ordena entonces la formación de una cuenta especial en donde se debían asentar detalladamente los embargos que efectuados en dinero, efectos, títulos de renta pública y otros valores pertenecientes a dicho gobierno. En dinero efectivo y el producido de los efectos vendidos, ingresarían en Tesorería; las armas, municiones, etc., se remitirían al Parque, y los efectos de uso en el ejército a la comisaría; expresándose en la orden de ingreso la causa de que proceden. [70]
El 1 de agosto de 1865 se aprueba la liquidación presentada por José Rufo Caminos de las fincas pertenecientes al gobierno del Paraguay ubicadas en el Rosario y la ciudad de Paraná, según conste de las correspondientes escrituras. Se da entrada en la Tesorería de la Nación, a la cantidad de cuarenta y un mil trescientos ochenta y dos pesos setenta y cinco céntimos bolivianos, que suman las partidas. [71]
La resolución del 27 de diciembre de 1866 ordena el pago de derechos sobre los cueros de las haciendas consumidas por el ejército aliado. "Si el espíritu de liberalidad aconseja exonerar del impuesto la carne, que forma el primer alimento del soldado, no hay razón alguna para exonerar del impuesto de los cueros que sin aduanar en la República Argentina, pueden ir al extranjero sin pagar derecho." [72]
El Senado y Cámara de Diputados, reunidos en Congreso, el 24 de septiembre de 1868, sancionan con fuerza de ley el reconocimiento de los créditos de súbditos españoles por perjuicios inferidos durante la Guerra de la Independencia cualquiera sea la nacionalidad de los reclamantes, como legítimos representantes de los afectados. Créanse fondos públicos por la suma de $ 1.111.083,87 en onza de oro, de 6 % de interés anual y uno de amortización acumulativa, en todos iguales a los creados por la ley de 1863 para el pago de los reclamos consignados en ésta. [73]
En 1868 y 1869 se declara cerrado el término para la presentación de créditos contra el Gobierno de la Confederación, [74] Y al año siguiente se fija la época en que deben ser presentados los documentos por suministros hechos a fuerzas de línea y guardia nacional movilizada. [75]
El 11 de febrero de 1871 con la firma del Vizconde de Río Blanco, por el imperio del Brasil, Adolfo Rodríguez, por la República Oriental del Uruguay y Carlos Tejedor por la República Argentina, se concluye el protocolo sobre la división del sobrante del producido de los fondos embargados al Gobierno del Paraguay. Dichos fondos hacen un total de $ 22.089 pesos fuertes 17 centavos pertenecientes a los tres gobiernos, los que convinieron distribuirlo correspondiendo a cada uno de los aliados la suma de $ 7.363. [76]
Dos años después, Sarmiento declara artículo de guerra en todo el territorio de las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes el ganado caballar y mular. Se fija el precio de 12 pesos fuertes por cada caballo y el de 15 por las mulas de silla. [77]
En el mismo año se nombra una Comisión de tres ciudadanos, ante la cual deducirán sus reclamos los interesados, por la deuda civil y militar de la Guerra de la Independencia, como también los agentes en las Provincias, para recibir, tramitar y remitir los reclamos a dicha Comisión En la capital de Santa Fe, se designa al administrador de Rentas Nacionales Laurentino Candioti. [78]
El 16 de noviembre de 1893 en el departamento de Guerra Luis Saenz Peña, Luis M. Campos, Manuel Quintana, J.A. Terry y Valentín Virasoro suscriben un acuerdo desconociendo a la Contaduría General la atribución de observar acuerdos y le ordenan abrir una cuenta especial para sofocar gastos de rebelión.[79]
Conclusiones:
A partir del año 1858 el Gobierno de la Confederación Argentina con sede en Paraná, encara la indemnización de súbditos extranjeros y nacionales, por los perjuicios que hubieren sufrido en los trastornos acaecidos en la República por la guerra civil; clarificándose a poco de andar la idea de que los daños debían haber sido causados por empleados de las autoridades legítimas, a lo que se suma que los créditos debían estar documentados originariamente. En el año 1876 el Escribano Público Eufrasio Mendoza certifica que durante el término de un mes se ha publicado un edicto emplazando a Teodoro Almirón Bailón para que responda a la demanda por indemnización de daños y perjuicios, al frente de la partida que invadió la provincia en el año 1872.
Con la revolución de 1893, el Gobierno provincial interviene en indemnizaciones cuyo monto no excediera de quinientos pesos, debiendo llevarse ante el Gobierno nacional las que superaran esta cantidad.
En respuesta a la iniciativa oficial, luego de 1860 treinta y siete vecinos promovieron sumarias informaciones ante el Poder Judicial, para acreditar los daños cometidos a su patrimonio. Menores han sido las presentaciones en el Ministerio de Gobierno. Y apenas contados los casos iniciados en Escribanías Públicas y en Escribanía de Gobierno. No obstante los afectados han sido numerosos, según se desprende de los registros particulares de Pascual Santa Cruz vecino de Santa Fe.
En la primera época Santa Fe lucha por cercenar la dependencia respecto de Buenos Aires, de aquí que las áreas afectadas por la acción de las tropas, sean la ciudad de Santa Fe y zonas de influencia.
En los años posteriores a la organización nacional, los gobiernos de Pascual Rosas, Nicasio Oroño y de Simón de Iriondo servirán de telón de fondo a nuevos saqueos.
Hacia fines de siglo el Batallón N° 11 de Caballería de Línea interviene sofocando la revolución de 1893, produciendo daños en el comercio santafesino y en las localidades que se encontraban a la vera del camino que siguieron las tropas en su avance y retroceso de la localidad de Reconquista.
Las ciudades y pagos más afectados por el fenómeno de los saqueos fueron Santa Fe, Santo Tomé, Calchines, San Pedro, Santo Domingo, Ascochingas, Emilia, Coronda, Gálvez; mientras que en el sur provincial San Miguel en el Dpto. San Lorenzo.
Llama la atención en los casos analizados los exiguos reclamos producidos por vecinos del sur provincial, lo que denota la escasa correspondencia con la historia política-militar.
En los dos casos que tienen que ver con la Guerra del Paraguay no hubo saqueo sino exacción.
Como los reclamos aparecen en la séptima década, son sus mujeres o los herederos del afectado en su mayor parte, los que llevan adelante la tramitación. Un ejemplo lo constituyen los herederos de Buena Ventura Coll y los herederos de José Puyol.
En la presentación de testigos se elige a vecinos conocidos y conspicuos. En la sumaria información de Francisco María Torres y en la de Iroteo Clucellas, aparece esta situación. Si es necesario se recurre hasta el mismo Juez en la causa. No merecía otra cosa el tejo de oro de Iriondo confiscado por el gobierno del Paraguay, a Pascual Andino.
A los testigos se los busca aunque hayan mudado de residencia. Prudencio Torres soldado de Vera reside en el momento de la declaración en San Jerónimo.
Con respecto a las fuerzas militares actuantes, en la primera etapa con anterioridad al año 1862, en ninguno de los casos se menciona a las tropas de Estanislao López. Si a las tropas de Hereñú bajo las ordenes de Juan Francisco Candioti, en 1815, en el caso del español Mariano Comas. También en la sublevación de Mariano Vera (1816) contra el gobierno de Tarragona, y de Juan Ramón Balcarce contra Estanislao López.
Los daños provocados lo son, no solamente por la magnitud sino por la permanencia de las tropas en el lugar del saqueo. Las tropas de Mariano Vera estuvieron 7 días saqueando la ciudad, 28 días las tropas de Dorrego y Díaz Vélez.
Consideración aparte merece el caso de Esperanza, con los colonos en armas por obra de Oroño, según acusaciones del afectado.
La modernización de las fuerzas armadas no alcanza, para lograr la contención por parte de la estructura del ejército de los saqueos, llevados a cabo por integrantes del regimiento 11 de línea, con motivo de la revolución radical de 1893, en el umbral del siglo XX.
En cuanto a las leyes más relacionadas con los saqueos de Lavalle, es posible que hayan entusiasmado a los santafesinos, cansados de años de depredaciones. La dificultad que se evidencia en el requerimiento de “documentos” que acrediten los suministros o los daños, hacía necesario recurrir a “sumarias informaciones de testigos”, para acreditar los daños. Es impensable pedir documentos sobre acciones en general clandestinas, forzosas, irregulares y, por lo general, violentas.
Además, entre los damnificados, se presentaron situaciones disímiles. Algunos, por su antirrosismo, acogieron favorablemente la invasión de Lavalle. Otros, fueron saqueados inopinadamente. La causa legal es variada y se presta a confusión.
Queda la duda sobre la operatividad real de estas leyes: ¿Los damnificados, lograron las indemnizaciones pretendidas?.
Bibliografía y Fuentes Documentales:
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BATTÚ DE RETA, Norma Beatriz. Las revoluciones santafesinas de 1893. Su impacto en Colonia Emilia y poblaciones cercanas. Emilia, Santa Fe, 2003, pp. 38.
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Fuentes Éditas:
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GALÁN, Wenceslao. La revolución radical de 1893. Paraná, 1894.
IRIONDO, Urbano de. Apuntes para la historia de la provincia de Santa Fe. Junta Provincial de Estudios Históricos. Santa Fe, feb. 1968.
Registro Oficial de la República Argentina. La República. Buenos Aires, 1882.
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Imprenta La Universidad. Buenos Aires, 1889.
Taller Tipográfico de la Penitenciaria. Buenos Aires, 1893. 1896.
Fuentes inéditas:
Archivo General de la Provincia de Santa Fe.
Poder Judicial. Expedientes Civiles. Siglo XIX.
Archivo del Departamento de Estudios Etnográficos y Coloniales. Escrituras Públicas. 1824/30.
Archivos Privados
Archivo: Luis María Calvo. Papeles de don Pascual Santa Cruz (1770-1856)
Auxiliares de investigación:
ROVERANO, Andrés. Archivo General de la Provincia. Catálogo Temático.

* Ponencias presentadas en el III Encuentro de Historiadores.
[1] Cervera, Manuel María. Historia de la Ciudad y la Provincia de Santa Fe. T. 2. p. 42.-
[2] Ib. p. 46.-
[3] Iriondo, Urbano. Apuntes para la historia de la provincia de Santa Fe. Junta Provincial de Estudios Históricos, Santa Fe, 1968, p. 92.-
[4] Archivo del Departamento de Estudios Etnográficos y Coloniales. Escrituras Públicas, T. 25, 1824/30, fs. 238 v. y 239.-
[5] Archivo Luis María Calvo. Documentos de don Pascual Santa Cruz, 1770-1856. f. 23 v.-
[6] A.G.P.S.F. Expedientes Civiles. Año 1867. Tomo 1, Exp.39.-
El Dr. Luis Jacinto Fontán, médico de actuación en Santa Fe. En: Cervera, Federico Guillermo. Historia de la Medicina en Santa Fe. Santa Fe, Colmegna. 1973, p. 278 y sig.-
[7] A.G.P.S.F. Expedientes Civiles. Año 1861. T. I. Exp. N° 31.-
[8] Id. Año 1863. Tomo 1. Exp. 10.-
[9] Id. Año 1863. Tomo 2. Exp. 27.-
[10] Actual Colegio Simón de Iriondo.-
[11] Id. Año 1863. Tomo 3. Exp. 47.-
[12] Id. Año 1863. Tomo 3. Exp. 59.-
[13] Id. Año 1870. T. V. Exp. n° 121.-
[14] Id. Año 1864. Tomo 1. Exp. 27.-
[15] Id. Año 1864. Exp. 36.-
[16] Id. Año 1864. Tomo 2. Exp. 41.-
[17] Id. Año 1864. Tomo 1. Exp. 1.-
[18] Actualmente calle San Martín casi Corrientes, vereda que da al este. La de Aldao, luego de Echagüe Cullen, al frente de la anterior.-
[19] Id. Año 1864. Tomo 1. Exp. 1.-
[20] A.G.P.S.F. Expedientes Civiles. Año 1865. Tomo 1. Exp. 4.-
[21] A.G.P.S.F. Expedientes Civiles. Año 1864. Tomo 2. Exp. 52.-
[22] A.G.P.S.F. Expedientes Civiles. Año 1866. Tomo 3. Exp. 19.-
[23] Id. Año 1865. Tomo 1. Exp. 4.-
[24] Id. 1866. T. I. Exp. n°. 17.-
[25] Id. 1872. Exp. n°. 173.-
[26] Id. Año 1865. T. I. Exp. n° 43.-
[27] Id. Año 1866. T. II. Exp. n° 28.-
[28] Id. Año 1866. Tomo 2. Ex. 39.-
[29] Id. Año 1866. Tomo 3. Ex. 63.-
[30] Id. Año 1868. T. II. Exp. n° 37.-
[31] Id. Año 1871. T. II. Exp. n° 34.-
[32] Id. Año 1870. T. V. Exp. N° 121.-
[33] La familia Diez de Andino cuando se estableció en el sur de la provincia quitó el Diez a su apellido.-
[34] Id. Año 1871. T. III. Exp. n° 79.-
[35] Id. Año 1878. T. V. Exp. n°. 82.-
[36] Registro Oficial de la Provincia de Santa Fe. T. VII. 1869-1872, Tipografía de La Revolución, 1889, p. 430 y 431.-
[37] Op. Cit. 1872. decretos del 30 de julio y 7 de agosto. p. 461 y 462.-
[38] A.G.P.S.F.. E. C. Año 1876. T. IV. Exp. n° 62.-
[39] Registro Oficial de la Provincia de Santa Fe. T. XIX. 1891. XX 1892. Leyes del 27/11/1891 y 31/12/1892, p. 169 y 170; 384 y 385.-
[40] Cecchini de Dallo, Ana María. Santa Fe: a 90 años de la primera revolución radical. En: diario El Litoral.-
[41] ROPSF, cit. t. XXI-XXII p. 344 y 355.-
[42] Id. decreto del 24/10/1893. T. XXI-XXII p. 383.-
[43] Id. decreto del 13/11/1893. p. 437.-
[44] E.C. Año 1893. Exp. n° 230.-
[45] Id. 1893. Exp. n° 370.-
[46] Id. cit. 1893. Exp. n° 146.-
[47] Coronel Rodríguez, Augusto G. Reseña Histórica del Ejército Argentino (1862-1930) Secretaría de Guerra. Año I n° I. Buenos Aires, 1964. p. 21.-
[48] Academia Nacional de la Historia. Historia Argentina Contemporánea. Vol. I. Historia de las Presidencias.1862-1930. 1° Sec. p. 8 a 2° Sec. p. 54.-
[49] Galán, Wenceslao. La revolución radical de 1893. Paraná, 1894. p. 61.-
[50] Ibídem, p. 208.-
[51] Registro Nacional de la República Argentina, Buenos Aires, "La República", 1883, T. IV 1857-1862, p. 230 y sig.-
[52] RORA cit. p. 260, 262 y 379.-
[53] cit. p. 346.-
[54] cit. p. 370.-
[55] cit. p. 378.-
[56] cit. p. 381.-
[57] RORA. T. V. 1863-1869, p. 33.-
[58] Congreso Nacional. Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados. Año 1863. Bs. As., Imprenta del Siglo, 1866, p. 862.-
[59] Ib. p.864.-
[60] Ib. p.864.-
[61] Ib. p.864.-
[62] Id. p.865.-
[63] Id. p. 865.-
[64] Id. p. 866.-
[65] Id. p. 866.-
[66] Id. p. 871 y 872.-
[67] Registro Nacional. 1863/1869. p.107 y 273.-
[68] cit. p. 107.-
[69] cit. n° 6406 - 6407, p. 213.-
[70] cit. n° 6415, p. 216.-
[71] cit. n° 6467, p. 228.-
[72] cit. n° 6766, p. 308.-
[73] cit. n° 7092, p. 392 y sig.-
[74] cit. n° 7166, 7381 y 7536, p. 409, 458 y 486.-
[75] RORA. Cit. 1884. 1870-1873. T. VI, N. 8224, p. 117.-
[76] Cit. 8388, p. 153.-
[77] Cit. 9462, p. 419.-
[78] Cit. 9727, p. 487.-
[79] RORA. Cit. 1893. segundo semestre, p. 560.-
[80] Existen dos presentaciones: Años 1864 y 1865.-
[81] Ventura Gainza y su esposa Rosalía Acosta de Gainza figuran como pardos libres. La partida de Bautismo de su hijo Joaquín los registra como vecinos. Exp. Civ. 1879 .T.3 .Exp. 73. Existen dos presentaciones : Años 1864 y 1886.-
[82] Existen dos presentaciones: Año 1863: exp. 59 y 1865: exp. 50.-
[83] Existen 2 presentaciones: años 1866 y 1878.-