Los hechos por los que fue condenado Anzoátegui datan de 2013, en el marco del operativo llevado a cabo por la policía provincial en inmediaciones de calle Olavarría al 1200 bis de Rosario, para dar con el paradero del hermano de Marcelo Lares.
Durante el procedimiento, Marcelo Lares se asustó, corrió y la situación dio lugar a una persecución que terminó con un disparo que impactó en la cabeza de la víctima, en el momento en que se disponía a atravesar el arroyo Ludueña.
La familia de Lares fue asistida desde el comienzo de la investigación y a lo largo de todas las instancias judiciales por los abogados Virginia Llaudet Maza, Valentín Hereñú y Martina Guirado, y por la Trabajadora Social Andrea de Paul, todos integrantes del Centro de Asistencia Judicial (CAJ) de Rosario, agencia provincial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos destinada a brindar asistencia jurídica e interdisciplinaria a víctimas de delitos penales.
Si bien en el juicio se pudo probar que la bala extraída a la víctima había salido del arma reglamentaria de Anzoátegui, los jueces entendieron que por el grado de deformación que presentaba el proyectil era dable presumir que el mismo había rebotado en un objeto antes de dar en Lares, razón por la cual el hecho no pudo ser encuadrado en la figura del homicidio doloso.
La defensa de Anzoátegui apeló la condena pero la Cámara de Apelaciones resolvió confirmar la pena de ocho años de prisión. Consultado sobre la novedad judicial, el director provincial de Acceso a la Justicia y Asistencia Judicial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y titular de los CAJ santafesinos, Fernando Sirk Marezca, destacó la importancia del fallo.
“La sentencia tiene un gran valor para el CAJ y es el reflejo de años de trabajo comprometido. Sabemos que una condena de una caso de violencia institucional no es algo de todos los días y eso adquiere un valor aun mayor cuando la querella es impulsada por el propio Poder Ejecutivo a través de una agencia especializada para la asistencia y representación de víctimas de delitos”, señaló Sirk Marezca.
CENTRO DE ASISTENCIA JUDICIAL
Su objetivo es garantizar el acceso a la justicia por parte de los ciudadanos, ofreciendo contención, respuesta y acompañamiento a víctimas de delitos, así como el servicio de mediación penal. El usuario puede presentarse solicitando respuestas para diferentes problemas en tanto víctima o testigo de un delito. De esa manera comienza a recorrer un camino con el apoyo y asesoramiento técnico de abogados, trabajadores sociales y psicólogos.
El sistema fomenta una respuesta precoz e integral, cubriendo a las personas damnificadas por delitos y eventualmente a sus familiares y referentes próximos, siempre de cara a garantizar los derechos de las víctimas a la información, la justicia y la reparación.
En el marco del nuevo sistema de enjuiciamiento penal, los CAJ cuentan con legitimación para representar a los damnificados por delitos como querellantes.
>> CAJ Santa Fe: Salta 2483, teléfono 0342 4619911, e-mail cajsantafe@santafe.gov.ar
>> CAJ Rosario: Corrientes 2114, teléfono 0341 4728162 / 4728173, e-mail cajrosario@santafe.gov.ar
>> CAJ Vera: Buenos Aires 1823, teléfono 03483 422615, e-mail cajvera@santafe.gov.ar
>> CAJ Reconquista: Rivadavia 365, teléfono 03482-438897, e-mail cajreconquista@santafe.gov.ar
>> CAJ Tostado: Independencia y Presidente Roca, teléfono 03491 4753333, e-mail cajtostado@santafe.gov.ar
>> CAJ Rafaela: Ituzaingo 52, teléfono 03492 422374
