El secretario de Gestión Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Matías Figueroa Escauriza, firmó este jueves un convenio con el presidente Cámara Argentina de la Construcción delegación Rosario, Germán de Vincenzo, para propiciar la reinserción laboral de las personas en conflicto con la Ley Penal a través del programa provincial Nexo Empleo Libertad.
“El propósito es contribuir, mediante una intervención social integral en el territorio, a la disminución de los índices de reincidencia y/o reiterancia en el delito, fomentando proyectos de vida alternativos al delito, atendiendo a las necesidades y la contención social de la persona que delinque, con especial hincapié en la reinserción laboral”, destalló Figueroa Escauriza.
En este sentido, indicó que “en las personas que cometen delitos, fundamentalmente condenadas por delitos contra la propiedad, se advierten situaciones de vulnerabilidad social que constituyen un factor fundamental en la posible reiterancia en el delito” y agregó que “los problemas en el proceso de reinserción surgen por lo general, en los primeros meses posteriores a la liberación, lo cual confirma la importancia del empleo en el proceso de reinserción pospenitenciaria y la necesidad de generar políticas públicas efectivas para que, a través del aumento de la oferta de trabajo, disminuyan los índices de reincidencia de aquellos que egresan del sistema carcelario”.
El secretario detalló que las personas beneficiarias de Nexo Empleo Libertad “deben cumplir con tareas sociales encomendadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la secretaría de Gestión Pública y/o por cualquier entidad pública o privada con la que se ha convenido la asignación de tareas. Las actividades encomendadas tendrán como objetivo formar en conocimientos técnicos, artes u oficios que nutran de experiencia al beneficiario, no solo para integrar el registro sociolaboral en el futuro, sino también para sus propias habilidades”.
Además, aclaró que “en pos del cumplimiento de las tareas asignadas y de la capacitación por parte del adherente, el programa cuenta con un equipo interdisciplinario que acompaña el desempeño del mismo”.
Desde la implementación del programa, creado por Decreto 842/2018, los beneficiarios se han desempeñado en las municipalidades de Rosario y Villa Gobernador Gálvez, como así también en la Agencia Provincial de Bienes Decomisados (Aprad). Quienes han culminado su participación cumpliendo los requisitos establecidos (presentismo, buena conducta y desarrollo satisfactorio de las tareas asignadas) fueron incorporados al Registro sociolaboral de aspirantes.
Este registro apunta a promover la inclusión laboral a partir de la creación de una base de datos y antecedentes de los beneficiarios, disponible para todo empleador, persona física o jurídica pública o privada que requiera de dicha información para cubrir puestos de trabajo.
A partir del acuerdo rubricado este jueves, la provincia y la Cámara Argentina de la Construcción delegación Rosario se comprometen a trabajar de manera conjunta para que las personas que se encuentran en el Registro sociolaboral de aspirantes puedan cubrir puestos de trabajo en la construcción.
Acerca del Registro Socio Laboral de Aspirantes, Figueroa Escauriza señaló que “la base de datos y antecedentes de todas éstas personas es el nexo para invitar a las empresas de la Provincia para que las contraten”.
SOBRE EL PROGRAMA
Pueden ser beneficiarios del presente, las personas mayores de 16 años que hayan transitado por orden judicial por algún establecimiento para menores o mayores, de puertas cerradas, dentro de la Provincia de Santa Fe, ya sea con condena firme o no.
Respecto de los delitos por los que hayan sido imputados o procesados solamente podrán ser beneficiarios aquellos imputados o condenados por flagelos que afecten el bien Jurídico Propiedad en los términos del Título V del Libro Segundo del Código Penal de la República Argentina.
En la implementación de tal iniciativa, los adherentes al programa serán beneficiarios durante seis meses consecutivos de una beca estímulo compuesta por un monto básico en pesos y adicionales que se incorporan a partir de su cumplimiento. Dichos adicionales se corresponden a la escolaridad de los hijos y/o hijas del adherente, a su vacunación, con la propia escolaridad del adherente y con el desempeño de una conducta ejemplar.
Tal beneficio podrá ser revocado por la Secretaría de Gestión Pública cuando los tutelados no cumplan con las pautas generales establecidas. Asimismo el tutelado podrá renunciar al programa cuando lo considere.
Quienes cumplan con los requisitos estipulados en la normativa y manifiesten su voluntad de inscribirse, finalizado el plazo de seis meses que contempla el programa, pasarán a formar parte del “Registro Socio Laboral de Aspirantes”.
