Ante un pedido de las abogadas del Centro de Asistencia Judicial (CAJ) de Rosario, la Cámara Penal de Apelaciones decidió revocar el archivo jurisdiccional ordenado por el Juez de Primera Instancia, de una causa por violencia de género en la que se investigan las agresiones sufridas por una mujer de parte de su expareja.
El magistrado, Gustavo Salvado, se basó en los argumentos planteados por las abogadas querellantes del CAJ, María Noel Severo y Juliana Tagliatti, quienes en la audiencia de apelación del 30 de marzo de este año, habían manifestado que la decisión de archivo, en tanto realizaba una valoración parcial y recortada de la evidencia, resultaba arbitraria.
El juez de Cámara receptó el argumento de la querella y confirmó que el magistrado de primera instancia había incurrido en una valoración parcial de la prueba, pues, a la hora de decidir , basó su decisión en sólo tres elementos de prueba: la declaración de la víctima; la pericial psiquiátrica de la misma y al tiempo transcurrido desde el hecho hasta la denuncia. Todo lo cual indica, según el juez, que se omitieron en el análisis otros elementos de prueba aportados, tal como lo habían resaltado las abogadas querellantes en la audiencia de apelación.
Las abogadas que integran la Oficina de Violencia contra la Mujer en el CAJ, habían sostenido en la audiencia de apelación que en los casos de violencia de género –como es este–, el delito se comete en la intimidad del hogar, por lo que, habitualmente, no existen testigos del hecho. “Es por esa misma razón que la jurisprudencia viene aplicando el principio de amplitud probatoria, debiendo considerarse todas las evidencias en su conjunto y de forma armoniosa”, concluyeron Tagliatti y Severo.
Este argumento fue finalmente también sostenido por el magistrado en los considerandos del fallo: “Es por ello que, casos como el que nos ocupa no pueda ser analizado prescindiendo de los parámetros fijados en distintos instrumentos jurídicos como la ‘Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer’, conocida como ‘Convención de Belém do Pará’, que fuera aprobada en nuestro país; como así también las leyes de ‘Protección Integral a las mujeres’ y de ‘Protección contra la Violencia Doméstica’, de donde emergen pautas según las cuales, los eventos ilícitos acontecidos deben ser examinados de conformidad con las mismas”.
Por último, el director de Acceso a la Justicia y Asistencia Judicial , Fernando Sirk Marezca, destacó el trabajo de la institución: “Si bien este es sólo el primer paso, no podemos dejar de manifestar nuestra satisfacción por la tarea que realizó el CAJ. Los argumentos planteados por la institución fueron, casi en su totalidad, tenidos en cuenta por el juez al fundamentar su decisión. Ello nos alienta a continuar impulsando y promoviendo el acceso a la justicia de las víctimas de delitos penales”.
Por su parte, Fernanda Serna, fundadora de una asociación civil que lucha contra la violencia de género (Asociación de Mujeres Resilientes), se mostró agradecida por el trabajo del CAJ y por esta modificación en el fallo de primera instancia.
OFICINA ESPECIALIZADA
La Oficina de Violencia contra la Mujer, integrada por abogadas expertas en la materia, tiene por objetivo mejorar el servicio de acceso a la justicia en un contexto de demanda creciente de asistencia de parte de mujeres víctimas. La institución ya venía asistiendo a víctimas de violencia de género y constituyéndose como querellante en una importante cantidad de casos.
“La creación del espacio ha permitido aumentar la capacidad de respuesta en estos casos. Además, la especialización de los profesionales en una materia específica deviene en una mejora en la calidad de asistencia brindada, principalmente en lo que refiere a las estrategias de litigación penal”, señaló Sirk Marezca, quien tiene a su cargo los cinco Centros de Asistencia Judicial de la provincia.
LOS CENTROS DE ASISTENCIA JUDICIAL
Los CAJ se proponen garantizar el acceso a la justicia por parte de los ciudadanos, ofreciendo contención, respuesta y acompañamiento a víctimas de delitos, así como el servicio de mediación penal. Están situados en las ciudades de Santa Fe, Rosario, Tostado, Reconquista y Vera.
En cada uno de ellos, el usuario puede presentarse solicitando respuestas para diferentes problemas, en tanto víctima o testigo de un delito. De esa manera comienza a recorrer un camino con el apoyo y asesoramiento técnico de profesionales (abogados, trabajadores sociales y psicólogos).
El sistema fomenta una respuesta precoz e integral, cubriendo a las personas damnificadas por delitos y eventualmente a sus familiares y referentes próximos, siempre de cara a garantizar los derechos de las víctimas a la información, la justicia y la reparación.
