El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos trabajará en conjunto con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal de la 2ª Circunscripción (regional Rosario) para la aplicación, la gestión y el control de reglas de conducta, de acuerdo a un convenio que estas instituciones suscribieron este miércoles en la sede del gobierno provincial en Rosario.
La rúbrica del acuerdo tuvo lugar en la oficina del ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, Ricardo Silberstein, y también participaron de la misma el fiscal regional Jorge Baclini, por el MPA; y el defensor regional Gustavo Franceschetti, por el Servicio de la Defensa.
Silberstein explicó que el convenio está relacionado con “aquellos supuestos en los que se suspende el proceso penal o la ejecución de la pena, con la posibilidad de que las personas involucradas puedan realizar tareas comunitarias y educativas, tratando de integrarlas y de que no vuelvan a cometer un delito”.
El funcionario detalló que “es solamente para quienes hayan cometido delitos menores” y aclaró que el tipo de tareas variará según el delito cometido.
“La dirección de Control y Asistencia Pos Penitenciaria trabaja a través de convenios con municipalidades, organizaciones no gubernamentales y empresas, con lo cual podremos evaluar qué es lo más conveniente para cada imputado. Actualmente hay 4000 personas en la órbita de esta dirección, de las cuales aproximadamente el 40 por ciento podría hacer uso de este convenio”, precisó Silberstein.
Por su parte, Baclini sostuvo que se “aplicarán reglas de conducta particularizadas y se permitirá establecer un mayor control y una mejor incorporación de la persona a un plan adecuado que determina la dirección de Control y Asistencia Pos Penitenciaria. Esto significa que las reglas de conducta son específicas al tipo de delito que se ha cometido”.
Por último, el fiscal añadió que “también vamos a generar controles más específicos y puntuales, algo que desde siempre fue uno de los objetivos, porque si no parecería que la pena -aún cuando haya caído en suspenso o cuando haya sido una probation queda sin la posibilidad de un control puntual”.
Del acto también participaron el subsecretario de Asuntos Penales, Lisandro Martínez Gorostiaga; y la titular de la dirección de Control y Asistencia Pos Penitenciaria, Silvia Aquino.
TRABAJO EN CONJUNTO
A partir de ahora se organizará un protocolo de actuación entre las partes en relación al Programa de Gestión y Control de Reglas de Conducta, mediante el cual se coordina a los actores que intervienen en la fijación y seguimiento de reglas de conducta en el marco de la suspensión del juicio a prueba o condena de ejecución condicional (de conformidad al artículo 27 bis del Código Penal), cuando se ordenan reglas de conducta de contenido social que pueden incluir el cumplimiento de tareas en beneficio de la comunidad.
El Programa de Gestión y Control de Reglas de conducta se implementa en el ámbito de la dirección provincial de Control y Asistencia Pos Penitenciaria que depende de la subsecretaría de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y su principal objetivo es trabajar por la inclusión social de personas en conflicto con la ley penal para evitar la reincidencia en el delito.
De esta manera, se tiende a transformar una sanción individual hacia una persona en conflicto con la ley penal en algo proactivo hacia la comunidad y así se posibilita que el trabajo no remunerado signifique un aporte para los organismos destinatarios.
