El Centro de Asistencia Judicial (CAJ) de Rosario, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, intervino por primera vez en un caso de violencia policial en representación de los familiares de Gustavo Lares. El caso se trata de un policía que fue condenado a ocho años de prisión por los delitos de homicidio culposo en concurso real con falsedad ideológica de instrumento público por la muerte del mencionado joven en el año 2013.
La sentencia, que fue dictada este miércoles 21 de diciembre, recayó sobre el oficial Raúl Anzuategui.
Desde el CAJ recordaron que el 6 de junio de 2013 se realizó un allanamiento en la vivienda ubicada en Olavarría 1225 bis, donde vivía Gabriela Lares con sus hijos. La orden mandaba buscar una moto aparentemente robada, armas de fuego y la detención de Carlos Maximiliano Lares, uno de los hijos de Gabriela. Cuando la policía llegó al lugar, solamente se encontraba Gustavo Lares, hermano de Carlos, quien estaba durmiendo. El joven se asustó y salió corriendo por los techos, lo que determinó que fuera perseguido por un móvil policial con tres agentes a bordo.
Luego de correr varias cuadras, Gustavo llegó hasta unos pasillos que desembocan en la barranca que da al arroyo Ludueña. Allí trató de tomar a un niño como escudo, peleándose con un tío de éste que intentó impedir la maniobra. Es así que Gustavo y el tío del niño cayeron por una canaleta hasta la orilla del arroyo. En la pelea, las ropas de Gustavo fueron subidas hasta la altura de los hombros, siendo visible que no portaba armas. Instantes después, llegan dos policías, Rojas y Anzuategui, quienes le dispararon a Gustavo desde arriba de la barranca. Gustavo cayó muerto en la mitad del arroyo, con un tiro en la nuca.
Anzuategui y Rojas estuvieron solos en la escena del hecho durante una hora, hasta que llega personal de la comisaría 20ª. En la escena, debajo del cuerpo, apareció un arma que fue plantada por la policía para atribuírsela a Gustavo y así intentar acreditar un enfrentamiento que justificara el accionar de los agentes policiales. Cuando se peritó esta arma, se concluyó que no era apta para disparar.
Mientras, en la casa de Gabriela permanecieron dos policías. También estuvo presente el jefe de la comisaría 20ª, quien se fue en mitad del procedimiento y luego volvió. Le hicieron firmar un acta a Gabriela en la que no se consignó nada sobre lo ocurrido con Gustavo. Tampoco se lo informaron. Ella se enteró varias horas después que su hijo estaba muerto.
LA INTERVENCION DEL CAJ
En noviembre de 2013 Gabriela Lares se presentó en el Centro de Asistencia Judicial, en lo que constituyó el primer caso de violencia institucional que ingresó al organismo. Hasta ese momento los CAJ no intervenían en este tipo de causas pero, tras una resolución ministerial que autorizó a querellar los casos de violencia policial, comenzó a actuar un equipo interdisciplinario compuesto por abogados, psicóloga y trabajadora social.
En ese momento, la causa judicial estaba paralizada: no había imputados y prácticamente no se habían diligenciado medidas investigativas, según recordaron desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El equipo del CAJ comenzó a trabajar en forma conjunta con el fiscal Luis Schiappa Pietra, lo que derivó en la indagatoria de los dos policías implicados en el hecho, quienes actualmente se encuentran con prisión preventiva.
“Durante la investigación se determinó que el disparo que mató a Gustavo fue efectuado por el oficial Anzuategui, motivo por el cual se requirió la elevación a juicio oral acusándolo por homicidio calificado por abuso funcional. Al cabo Rojas se lo acusó por encubrimiento, hecho que tramita en forma escrita”, explicaron autoridades del CAJ.
Por último, cabe destacar que el 12 de diciembre había comenzado el juicio oral, que derivó en la sentencia de este miércoles.