Jueves 13 de noviembre de 2014
Autoridades de la Red Federal de Sitios de la Memoria, de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, de la Municipalidad de Granadero Baigorria y legisladores provinciales avanzaron en torno a la preservación y señalización del ex-centro clandestino de detención La Calamita, que funcionó en esa ciudad durante la última dictadura cívico militar.Sobre el terreno, que actualmente es propiedad de un particular, pesa una medida cautelar de la justicia federal para que se hagan excavaciones por posibles enterramientos clandestinos.
El encuentro se llevó a cabo este miércoles con la participación de la titular de la Red Federal de Sitios de la Memoria, Judith Said; el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia, Ramón Verón; y la directora de Memoria, Nadia Schujman; ambos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; las diputadas provinciales Alicia Gutiérrez, querellante en la causa Guerrieri, que investiga La Calamita y autora del proyecto de expropiación del terreno, y Érika Gonet, oriunda de Granadero Baigorria; y autoridades municipales, entre ellos el intendente Adrián Maglia.
El propietario del predio fue convocado a la reunión pero no se presentó, en cambio participaron integrantes de la OnG ´Documenta Baigorria´, quienes habían hecho presentaciones para advertir que en la finca se estaban desarrollando actividades comerciales que ponían en peligro su preservación como sitio histórico y de memoria.
La Calamita es uno de los cinco centros clandestinos del circuito represivo del Batallón de Inteligencia 121 de Rosario. Allí más de un centenar de personas fueron torturadas, asesinadas y desaparecidas. El proyecto de expropiación del predio fue presentado en noviembre del año pasado por la diputada Gutiérrez y actualmente se encuentra en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la cámara baja.
Desde la Secretaría de Derechos Humanos explicaron que la señalización se enmarca en las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. En ese sentido el gobierno provincial viene señalizando, en distintos puntos del territorio, sitios de memoria con el objetivo de referenciar un lugar de reflexión y transmisión de nuestro pasado reciente, y para avanzar en la promoción de los derechos humanos y los valores democráticos.
En 2013, el gobernador Antonio Bonfatti estableció por decreto declarar Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado a los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio o donde sucedieron hechos emblemáticos del accionar de la represión ilegal desarrollada durante el terrorismo de Estado ejercido en el país hasta el 10 de diciembre de 1983.
Estos sitios, indicaron desde la Secretaría de Derechos Humanos, son importantes por su valor testimonial y por su aporte a las investigaciones judiciales por delitos de lesa humanidad.
