Presentación del 3° Plan de Acción Nacional

El 26 de julio se presentó ante la OGP (Open Government Partnership - Alianza para el Gobierno Abierto) el 3° Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto de la República Argentina. La iniciativa, que reúne a 75 países, promueve el trabajo colaborativo entre Estado y organizaciones de la sociedad civil.

Para el período 2017-2019 se contemplan 33 compromisos nacionales y 11 subnacionales, correspondientes estos últimos a gobiernos provinciales, para lograr así, un plan más federal. Entre estas 11 propuestas provinciales, se encuentra la de la provincia de Santa Fe, destinada a la Apertura de información del Servicio de Justicia, que responde a la búsqueda de transparencia, uno de los ejes del Plan. Los responsables del seguimiento son la Dirección Provincial de Gobierno Abierto (dependiente de la subsecretaria de Innovación Publica) y Acción Colectiva, por parte de Sociedad Civil.

Para definir el compromiso a ser presentado, se llevaron a cabo dos mesas de diálogo que fueron organizadas por SANTALAB. Las instancias de participación tuvieron lugar en la ciudad de Rosario y Santa Fe. En esas reuniones surgieron 4 compromisos, por lo que se llevó a cabo una consulta pública digital para poder conocer qué propuesta se ajustaba más a los intereses de la sociedad.

Abrir datos de la Justicia

Las metas presentadas ante la OGP son compromisos que asumen los gobiernos junto a la sociedad civil, con plazos establecidos. Desde Santa Fe, la acción que se propone es trabajar con datos del Poder Judicial, relativos a la existencia de causas abiertas, pendientes o cerradas; los motivos por los que fueron finalizadas, los plazos para el trámite de cada causa, existencia de demoras y cuellos de botellas en el sistema judicial. Todo esto se lleva a cabo con el objetivo de poder proponer las modificaciones pertinentes a los códigos de procedimientos y agilizar así el servicio.

La información a recabar procederá del Poder Judicial, Poder Ejecutivo (Ministerio Público de la Acusación, Servicio Público de la Defensa, Ministerio de Seguridad, etc.) y de particulares (ART, Sindicatos, ONGs vinculadas a las víctimas). Asimismo, se incluirán aquellos datos que deriven del Instituto Médico Legal, Hospitales y Servicio Penitenciario.