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Protocolo integral para el abordaje del trabajo infantil

Es un marco de referencia para la coordinación y cooperación interinstitucional ante las situaciones de trabajo infantil, estableciendo criterios y pautas de acción para su identificación, atención a las víctimas, abordajes con el grupo familiar, entre otros aspectos. Se busca garantizar la promoción y protección integral de derechos de las niñas, niños y adolescentes en la provincia de Santa Fe.

¿Qué es el trabajo infantil?

Existen distintas definiciones de trabajo infantil. En la provincia de Santa Fe adoptamos la definición de la Organización Internacional del Trabajo (OIT): “Trabajo infantil es toda actividad económica y/o estrategia de supervivencia, remunerada o no, realizada por niñas y niños, por debajo de la edad mínima de admisión del empleo o trabajo, o que no han finalizado la escolaridad obligatoria o que no haya cumplido los 18 años si se trata de trabajo peligroso”. Cabe aclarar que es niño o niña “todo aquel menor de 18 años, salvo que en virtud de la ley que sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”.

Principios de trabajo

En todos los casos, los procesos de intervención ante situaciones de trabajo infantil, deberán respetar los siguientes principios:

  • Garantizar la integridad física y psíquica de las niñas, niños y adolescentes.
  • Escuchar a las niñas, niños y adolescentes, porque opinar y ser oído es un derecho de ellos que deberá ser garantizado.
  • Escuchar a los adultos responsables del grupo familiar implicados en la situación de trabajo infantil.

Cuándo y quiénes intervienen

Los momentos relevantes en la intervención son: la identificación de las situaciones de trabajo infantil, y su abordaje posterior.

En la identificación, son actores claves: miembros de centros educativos y de atención de la salud; de entidades gremiales y de profesionales; de asociaciones civiles; equipos interdisciplinarios de municipios y comunas, y de la Subsecretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social; inspectores del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; miembros de COPRETI; integrantes de los tres poderes del Estado; ciudadanos en general.

En el abordaje, los actores claves en virtud de su competencia específica, son: equipos interdisciplinarios de municipios y comunas, así como de la Subsecretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social; y la Subsecretaría de Políticas de Empleo y Trabajo Decente, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la provincia.

Responsabilidades

En función de las competencias específicas, el Protocolo establece los aportes de cada uno de los organismos intervinientes:

  • Organismos de promoción y protección integral de derechos: escuchar tanto a los niños, niñas y adolescentes como a la familia; brindar orientación; formular planes de acción para la aplicación de medidas; instar acciones de protección excepcional; evaluar presunción de encuadre penal y promover presentación ante la justicia ordinaria (si correspondiese).
  • Organismo de promoción del trabajo decente: constatar la situación de trabajo infantil; brindar asesoramiento legal; labrar actas correspondientes; evaluar presunción de encuadre penal (según artículo 148 bis del Código Penal)y promover presentación ante la justicia ordinaria (si correspondiese); promover acciones de formación laboral de jóvenes y adultos; apoyar emprendimientos productivos; asistencia técnica y financiera para agregar valor a procesos de trabajo en unidades domésticas con trabajo infantil.

Instancias prioritarias de la intervención

  • Denuncia y comunicación de la situación. Podrá ser formulada por niñas, niños o adolescentes, y no se objetará en razón de la edad o falta de acompañamiento de parte de un adulto. Las comunicaciones de particulares podrán ser anónimas.
  • Información mínima necesaria. Quien recibe la comunicación o identifica la situación debe procurar registrar la mayor cantidad de información requerida en el Protocolo, a los fines de definir los abordajes posteriores.
  • Valoración de factores de riesgo y protección. Para determinar la urgencia de la situación y promover las intervenciones subsiguientes según criterios de inmediatez ineludible, deberá establecerse una primera valoración del nivel de riesgo al menos en apariencia, teniendo en cuenta estado de salud, signos de abuso (coacción psicológica o física), o que estén realizando tareas definidas como “peores formas de trabajo infantil” o incluidas en el “listado de tareas peligrosas”.
  • Promoción de Intervenciones Urgente. Las situaciones valoradas como “urgentes” supondrán la convocatoria inmediata a los servicios de salud para la atención de las niñas, niños y adolescentes; y a autoridades policiales.
  • Consulta interministerial. A excepción de situaciones de atención exclusiva de los organismos de promoción y protección integral de derechos, la toma de conocimiento de situaciones de trabajo infantil supondrá realizar consultas interministeriales para conocer intervenciones en curso u archivadas. Podrá ser realizada de manera informal, sin perjuicio de su posterior registro fehaciente.
  • Planificación conjunta. La consulta interministerial supondrá además del intercambio de información mínima necesaria, la planificación conjunta de las estrategias de abordaje.
  • Denuncia penal. Las denuncias penales ante los Juzgados Provinciales o Federales según el caso, deberán ser presentadas por cualquiera de los actores.
  • Informes de seguimiento. Cada una de las partes deberá mantener informada al resto respecto de las actuaciones promovidas para el abordaje de la situaciones de trabajo infantil.