La Dirección Provincial de Anticorrupción y Transparencia del Sector Público fue creada en 2008 por Decreto 1882/08 considerando que la lucha contra la corrupción debe ser tomada como una política de Estado y que para desarrollar adecuadamente políticas de prevención y lucha contra la corrupción son necesarios órganos especializados.

En ese sentido, el área se ocupa de la implementación de políticas de prevención de la corrupción y promoción de la transparencia, careciendo de atribuciones sancionatorias y coercitivas.

Para abarcar las dimensiones principales de las políticas de prevención de la corrupción, en lo que constituye una experiencia de transversalidad en el ámbito de la actuación administrativa, la Dirección se estructura a partir de tres líneas de trabajo: investigación; ética pública; y planificación.

Por otra parte, desde 2009 es autoridad de aplicación del sistema de acceso a la información pública, que estableció el Decreto 0692/2009, y preside la “Comisión interjurisdiccional sobre la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo”, creada mediante resolución conjunta Nº240 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Nº405 del Ministerio de Economía y Nº58-D de la Fiscalía de Estado.