Los logros del Consejo de la Magistratura de Santa Fe Por Héctor Superti, Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia

En la inauguración del año judicial, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, Rafael Gutiérrez, se refirió al Consejo de la Magistratura en términos muy críticos, al decir que el Poder Judicial atraviesa desde hace tiempo “una verdadera crisis en el plano de la cobertura de sus vacantes de magistrados (…) pudiendo exhibir en la actualidad la preocupante cifra de 80 vacantes definitivas de cargos de magistrados sin cobertura”. Esas expresiones, limitadas a un análisis “cuantitativo” del Consejo, en primer lugar no reflejan la actividad de este nuevo órgano asesor del Poder Ejecutivo, y en todo caso invitan a formular un balance de lo acontecido en ese tema desde que asumió el gobernador Hermes Binner.

Una institución novedosa
El nuevo Consejo de la Magistratura provincial, autolimitación del gobernador en su facultad de intervenir en la designación de los jueces, se puso en funcionamiento apenas iniciada la gestión, en diciembre de 2007.
Teniendo presente lo complejo y delicado de la designación de un juez -no lo consagra el voto popular sino los poderes Ejecutivo (con la remisión del pliego) y Legislativo (con el acuerdo de la asamblea legislativa)- el Consejo de la Magistratura se propuso objetivos muy precisos. Fundamentalmente que quienes lleguen a la magistratura lo hagan por méritos propios, sean los mejores, no deban el cargo a nadie y acrediten un expreso y manifiesto compromiso con el sistema constitucional y la defensa de los derechos humanos.
En síntesis, transparencia, excelencia, regionalización, participación ciudadana y celeridad para garantizar la imparcialidad del tribunal, la que sólo se logra con jueces independientes, principalmente del poder que los designa.
Por eso el Ejecutivo estableció un procedimiento en el cual tiene la menor injerencia posible en la evaluación de los aspirantes e invitó a sectores relacionados con el quehacer judicial a colaborar con la remisión de candidatos a jurados, como los Colegios de Abogados, de Magistrados y Funcionarios y las Facultades de Derecho de las universidades públicas de la provincia.
Como el perfil del juez al que se aspira, a más de su independencia, no sólo se conforma con una adecuada capacidad técnica sino también con un manifiesto compromiso con el Estado de Derecho, se estableció una entrevista pública y con participación ciudadana como corolario del proceso de selección.
Este nuevo diseño no podía quedar en el plano de las normas, por lo que se realizaron numerosas tareas y gestiones para lograr la infraestructura necesaria. Incluso el Gobernador cedió la casa que la provincia le asigna en la ciudad de Santa Fe para la instalación del Consejo.

Análisis cuantitativo
Sin perjuicio de que esos fines justifican la realización de los procedimientos necesarios para lograrlos, aun cuando ello insuma tiempo, y a partir de la imputación del dr. Gutiérrez de que en la actualidad existen 80 vacantes sin cobertura, vale analizar los logros del Consejo de la Magistratura.
Al 1º de marzo de 2010, es decir durante 22 meses de actuación concreta, el Consejo de la Magistratura inició 55 concursos para cubrir 76 cargos de jueces definitivos y para confeccionar listas de 45 jueces subrogantes (transitorios). Ya finalizaron 25 concursos y el resto está en trámite, a lo que se sumó la semana pasada la designación de 21 jueces comunales.
En resumen, se cubrieron o se cubrirán a la brevedad, contando las subrogancias, un total de 74 cargos. En cambio, cuando empezó a funcionar el nuevo sistema las vacantes de jueces informadas por el Poder Judicial eran 41 y las reales (sin juez) 28.
Más allá de los números, de los concursos realizados y en trámite, surgen otros datos de interés:
1)De todos los pliegos enviados, sólo uno fue rechazado por la Legislatura, y justamente por el voto de la bancada oficialista. Esto evidencia que las instituciones funcionan y se abocan, más allá de las banderas partidarias, a elegir a los mejores jueces.
2) Un solo pliego tuvo aprobación tácita, y fue el correspondiente al primer concurso. El propuesto llegó a esa instancia por vicisitudes extraordinarias, como las renuncias del primer candidato antes de la audiencia pública y la del segundo antes del envío del pliego.
3) En un solo caso no se envió al primer integrante de la terna elevada al Ejecutivo, pero se explicaron los motivos.
4) A diciembre de 2009, en el Consejo actuaron 275 jurados titulares y 275 suplentes. Esto da una idea de que es prácticamente imposible generar influencias en las evaluaciones.
5) Para cargos definitivos existieron 277 postulantes (145 del propio Poder Judicial y 132 de abogados en ejercicio).

Frente a este panorama es lógico preguntarse por qué mencionó el presidente de la Corte la existencia de 80 vacantes. Estimamos, aunque no coincidan exactamente los números, que tuvo presentes no sólo las vacantes “reales” sino también las cubiertas por subrogantes (33); las futuras, vale decir que sus titulares ya renunciaron pero aún no cesaron (11); y las originadas en la reciente creación o incorporación al presupuesto de tribunales civiles, fundamentalmente con competencia en materia de familia (20).

Medidas para mejorar el Consejo
Ante las críticas de demoras, muy insistentes al principio, se tomaron diversas medidas para acelerar los trámites de designación. Por ejemplo concursos múltiples, evaluaciones psicotécnicas durante la corrección de exámenes y habilitación de nuevos lugares para ellas, agilización de la aceptación de cargos de jurados y de las notificaciones. Ninguna de estas medidas fue propuesta por institución alguna, que siempre orientaron sus aportes y observaciones a otros aspectos, a pesar de que la crítica constante ha sido la “demora”.
Por otra parte, a fin de año se modificó el Consejo para profundizar sus principios, de acuerdo al compromiso público asumido desde el comienzo de revisar su funcionamiento luego de un tiempo razonable, siempre de cara a mejorarlo. Entre las medidas tomadas pueden destacarse: evitar que los jurados actúen en la circunscripción donde normalmente realizan sus actividades; sumar al cuerpo Colegiado Entrevistador a jurados propuestos por los dos estamentos que estaban excluidos, es decir Colegios de Abogados y Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, y permitir que personas físicas y jurídicas presenten antecedentes de los postulantes para su evaluación en el concurso, incluso respecto del compromiso del candidato con el servicio de justicia. El texto completo del decreto (N° 2.623/09) puede verse en la página web de la provincia.
En conclusión, analizando el funcionamiento cuantitativo y cualitativo del Consejo de la Magistratura durante la gestión del actual gobernador, queda claro que se tomó el camino adecuado para lograr que en Santa Fe la administración de Justicia se enriquezca día a día con los mejores jueces y que lleguen al cargo con la mayor independencia posible.